Junts pel Sí y la CUP, los grupos que forman la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña, han optado para aplazar la celebración del primer pleno de la cámara catalana posterior al 1-O. Han propuesto, de hecho, celebrar el próximo lunes un «pleno ordinario excepcional» que tenga como único punto de la orden del día una comparecencia del presidente Carles Puigdemont para explicar cómo prevé el gobierno catalán aplicar los resultados de la votación.
El pleno no se habrá convocado formalmente, no obstante, hasta que la moción se presente escrita. El bloque independentista no había concretado en un primer momento, por otro lado, si tendrá lugar una votación sobre la independencia. Según Nació Digital, se ha evitado toda declaración de intenciones sobre el pleno del lunes para no desencadenar la acción judicial sobre los miembros del gobierno. Pero la CUP, por su parte, ha adelantado que el lunes se proclamará la independencia.
El gobierno, contra el Parlamento
Puigdemont había dicho que la declaración unilateral (DUI), prevista en la ley del referéndum que suspendió el Tribunal Constitucional (TC), se realizará en «cuestión de días». El gobierno de la Generalitat ha arrinconado el ordenamiento jurídico español y al TC, y ha esgrimido la primacía de esta ley -y su decreto de normas complementarias- y la de transitoriedad jurídica como exponentes de la nueva legalidad catalana, pero varias decisiones del ejecutivo de Puigdemont durante la jornada del 1-O y anteriores no sólo contravinieron el ordenamiento español, sino también varias disposiciones sobre garantías y funcionamiento de la ley y el decreto suspendidos en los que se amparaban.
Por ejemplo, según el artículo 4 de la ley del referéndum, el Parlamento catalán tiene que declarar formalmente la independencia en uno de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por parte de la Sindicatura Electoral. Ésta, disuelta ante la perspectiva de la imposición de multas a sus miembros, no existe como tal y los encargados a posteriori del recuento no han difundido ningún resultado que actualice el 95% del escrutinio conocido la noche de la votación. Del escrutinio completo y su revelación depende el inicio del plazo con el que el independentismo, en un momento por precisar, va a seguir adelante en sede parlamentaria a pesar de que la Sindicatura no existe.
La ausencia de la Sindicatura como órgano independiente, asimismo, ha dado lugar a un vacío que ha llenado la Generalitat. Un caso claro en este sentido es lo de los sobres. La ley del referéndum y el decreto obligan a emitir los votos con sobres, pero el gobierno catalán, media hora antes de abrir los puntos de votación, reaccionó aduciendo la falta de este material anunciando que también se podría votar metiendo una papeleta sola. Además, la Generalitat eludió reiteradamente su deber de neutralidad. En síntesis, mediante la modificación sobre la marcha de las condiciones de la votación el gobierno catalán transgredió la norma aprobada por la mayoría independentista del Parlamento.
