El Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, el producto estrella del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) creado por el gobierno de Artur Mas en 2013, contradice el relato de los diputados de Junts pel Sí y la CUP, que es también el del gobierno catalán actual, sobre el ejercicio unilateral del derecho a la autodeterminación.
En concreto, expresa en su página 13: «El derecho de secesión unilateral sólo está regulado explícitamente por el derecho internacional en casos de descolonización. La Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1960 (Resolución 1514 de la Asamblea General), afirmó que «todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación» y que «en virtud de este derecho determinan libremente su estatus político y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural» (provisión operativa núm. 2)».
Posteriormente, el CATN recoge que el reconocimiento del derecho de secesión unilateral para casos de descolonización «no equivale, sin embargo, a su prohibición en otros supuestos«, y cita el ejemplo de Kosovo como un exponente reconocido por Naciones Unidas de pueblo sometido «a la subyugación, a la dominación o a la explotación extranjeras». Por último, este libro blanco expresa que considerando «la flexibilidad del derecho internacional, es decir, la falta de prohibiciones al derecho de autodeterminación, el debate político será determinante para la capacidad de justificar su ejercicio por parte de los ciudadanos de Cataluña y facilitar su posterior reconocimiento».
El vicepresidente Oriol Junqueras sostiene que «sólo hay una legalidad, que es la que se deriva del derecho internacional y es la que ampara el referéndum», y que el Estado español la incumple. En este sentido, ha expresado que «se obligaron a interpretar su legislación en función del derecho internacional y, por lo tanto, cuando contradice estos derechos humanos que recogen el derecho a la autodeterminación, los que están fuera de la legalidad son ellos».
El preámbulo del proyecto de Ley del Referéndum presentado por Junts pel Sí y la CUP argumenta que «se apoya en el concepto internacional del derecho de autodeterminación reconocido en la Corte Internacional de Justicia de 2010». Según el diputado Benet Salellas (CUP), que ha citado el fracaso en los intentos de negociación y el recorte del Estatuto como antecedentes clave, el derecho internacional los ampara.
Por su parte, la diputada y secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirmó: «La normativa internacional dice que el derecho de autodeterminación existe. Sólo pone unos límites, que nosotros respetaremos: el uso ilícito de la fuerza».
Pero el catedrático de Derecho Internacional Xavier Pons, en una reciente intervención en RAC1, negó que la secesión estuviera recogida en el derecho internacional y aseguró que el texto presentado el pasado martes «no tiene ninguna credibilidad internacional». «No se puede banalizar el derecho», concluyó.
