El juez ha impuesto una fianza de 2.500.000 euros al ex presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña, FECAC, Francisco García Prieto, como fianza de responsabilidad por los delitos de los que está imputado atendiendo a la petición de la misma FECAC.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Jordi-Lluís de Prada Hernández, pide que García Prieto deposite la fianza en el plazo de diez días. El juez ha acordado que se embarguen los bienes del ex presidente de la FECAC para cubrir esta cantidad en el supuesto de que no fuera satisfecha.
El acto judicial requiere también a los hijos de García Prieto, Francisco y Manuel García Astorga, que ingresen una fianza de 500.000 euros de forma solidaria, y también bajo advertencia que se procedería al embargo de bienes.
El juzgado atiende así la petición de FECAC, presentada en noviembre de 2015, en la cual se solicitaba el embargo preventivo de bienes de Francisco García Prieto, imputado por apropiación indebida y otros cuatro delitos que, entre otras cosas, habrían reducido los recursos financieros de la Federación organizadora de la Feria de Abril de Cataluña y otros acontecimientos, y que agrupa más de 115 entidades culturales andaluzas.
La fiscalía se adhirió a la petición de la FECAC señalando que había numerosos indicios de responsabilidad criminal contra los investigados.
En 2013 la FECAC votó una nueva junta directiva, presidida por Daniel Salinero, junta que se personó en febrero de 2015 como acusación particular «al objeto de ejercitar las acciones penales y civiles que procedan contra las personas denunciadas por el Fiscal así como contra todas aquellas que pudieron ser responsables penal y/o civilmente de los delitos recogidos en la denuncia, así como intervenir en todas las otras diligencias del procedimiento».
La entidad colaboró con la Fiscalía desde el primer momento en el esclarecimiento de los hechos y facilitó la documentación de que disponía, que era parcial dada la condición de administradores de algunos de los denunciados y de la sstracción o desaparición de mucha documentación probatoria.
