El fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, considera que el tesorero de CDC era el «gatillo» en la financiación irregular de CDC. Además, cree que Daniel Osàcar no fue quién organizó el entramado, por el cual el dinero de Ferrovial llegaba a Convergencia después de pasar por el Palau de la Música como patrocinio de las actividades musicales.
En el segundo día del informe final, Sánchez Ulled ha mostrado al tribunal numerosos documentos que, según su opinión, vinculan la financiación ilícita. Pero cómo solo puede acusar con pruebas, solo acusa a Osàcar y a los dos ejecutivos de Ferrovial por estos hechos.
Ha pedido al tribunal que castigue este «tráfico de influencias» pero no siguiendo la actual jurisprudencia, que equipara esta figura a la extorsión, sino que él considera que Ferrovial pagaba para tener la oportunidad de hacer las obras y que está asumido que esta es la forma de garantizar la adjudicación.
En cuanto al convenio de la Fundación Trias Fargas con el Palau de la Música, que Osàcar dijo en su declaración que era para que los ayuntamientos catalanes no programaran sevillanas e hicieran sardanas, el fiscal lo ha calificado de «mecanismo étnico-mental«.
