Un testigo principal del caso Adigsa, cuyo juicio salpica a los últimos años de la Generalitat pujolista y empieza en mayo, es el del consejero delegado de esta empresa que administró la vivienda pública, Miquel Bonilla. Según revela El Confidencial, explicó a la Policía que se adjudicaron obras sin seguir el procedimiento licitador reglamentario ni dejar constancia documental.
Las citadas irregularidades formales, que Bonilla cifra en un centenar, tuvieron lugar, supuestamente, cuando Artur Mas era primer consejero de Jordi Pujol, Felip Puig era consejero de Política Territorial y Obras Públicas y José María Penín -familiar de Puig- era empleado de Adigsa y ejercía, presuntamente, de hombre-puente en adjudicaciones a dedo.
De Bonilla a Salguero
En cuanto al papel de Penín en la presunta trama, la misma información recoge el testimonio de técnicos de Adigsa, según los cuales el coste de las obras de rehabilitación en las que intervino este familiar de Felip Puig era «muy elevado para las obras que se hacían». El sobrecoste estimado por un informe que encargó Adigsa es del 15,51%, pero otro testimonio explosivo, el del empresario José Antonio Salguero, asegura que le dijeron que tenía que inflar un 20% sus facturas.
Salguero ha declarado que Mas estaba al corriente del chantaje que dice haber sufrido: que, cuando quiso cobrar por unos trabajos de remodelación, Penín le dijo que tenía que inflar un 20% sus facturas, y que Mas le respondió al email con el que fue informado de la situación que se dirigiera a su jefa de prensa y a Ferran Falcó, presidente de Adigsa.
Asimismo, Salguero, que ha reconocido haber pagado dinero a Convergència a cambio de concesiones de obra pública, explica que no quería facturar como le indicaba Penín y que cuando pudo contactar con Felip Puig para explicarle que estaba sufriendo un chantaje, el consejero sólo se interesó por cómo pensaba efectuar el pago.
Penín, Puig y las constructoras
En cuanto al modus operandi de Penín, El Confidencial revela la descripción facilitada por ex-empleados de Adigsa. Un técnico explicó que se hacían papeles de autorización simulando un pequeño concurso entre tres empresas. Según José María Oliveras, que fue responsable técnico de Adigsa, al margen de Penín había una lista de constructores que habían hecho obras sin contrato y que tenían dificultados para cobrar. Cifra este desbarajuste en cuatro millones de euros y las constructoras, según el mismo diario, eran Teyco, Comapa, Natur System, CSV, Can Ensenya y Misca.
Una de las comunicaciones que más llama la atención de este caso es un email enviado a Felip Puig por su secretaria, encabezado por la frase «Penín, a no sabe como hacerlo». Revela las insistentes llamadas telefónicas de Penín para hablar del dinero reclamado a Adigsa por constructoras que asumían trabajos de rehabilitación sin adjudicaciones formalizadas. Según la Policía, Penín atribuyó la iniciativa de otorgar obras de este modo a los responsables de Adigsa Josep Anton Fontdevila, Jordi Huguet y Antonio Jiménez, y también dijo que Ferran Falcó amparaba estas prácticas y que creía que Felip Puig y Oriol Pujol también las conocían.
