Tres embargos administrativos a favor de Hacienda por un valor de poco más de 200.000 euros pesan sobre los terrenos en los que se ha proyectado la construcción de un puerto deportivo en Tossa de Mar, ha explicado la concejal de CiU a la localidad Maria Àngela Cuatrecasas. El proyecto está paralizado desde que un juzgado de Girona suspendió la controvertida consulta con que se pretendía dar voz a los vecinos mayores de 16 años, argumentando que se basaba en un punto de la ley catalana de consultas no referendarias tumbado por el Tribunal Constitucional.
Según explica el Diari de Girona, los embargos revelados en el último pleno municipal se produjeron en 2012, antes de que el actual equipo de Gobierno firmara el convenio urbanístico con los promotores del proyecto. Uno de ellos, Isidre Ventura, ha confirmado al mismo diario la existencia de los embargos, que asegura que son «preventivos» y que están casi liquidados, a la vez que niega problemas de liquidez.
Ventura, por cierto, creó en las fechas previas a la consulta dos sociedades mercantiles para ejecutar y explotar el proyecto, convencido de que se celebraría y el resultado se alinearía con sus intereses. En ese sentido, un aspecto muy controvertido del diseño de la votación era, como se hizo constar al Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), que se habría dado por bono el resultado con una participación de sólo el 15% y se habría votado la modificación del plan general de ordenación urbana para plantar un pack indivisible que incluía chalés y un hotel, además del puerto.
En cuanto a la suspensión de la consulta, la Justicia indicó que para preguntar a los ciudadanos hacía falta primero pedir permiso al Gobierno español. En cambio, un informe elaborado por la asesoría jurídica del Departamento de Gobernación de la Generalitat sostiene que no hacía falta esa autorización previa y que la consulta se había convocado correctamente. El Ayuntamiento de Tossa está esperando que el Consejo de Ministros se manifieste.
