Ya sabemos que las obras que obtenía la empresa Ferrovial gracias a las adjudicaciones manipuladas por la Generalitat y las administraciones controladas por Convergencia tributaban un 4% de comisión, que se ingresaba, como donativo filantrópico, en el Palau de la Música. Este 4%, se repartía entre el 1,5% que se quedaban Fèlix Millet y Jordi Montull por el trabajo de hacer de intermediarios y el otro 2,5%, que iba a parar a las arcas del partido pujolista a través de la Fundación Trias Fargas (posteriormente rebautizada como CatDem). Esta martingala es una de las muchas que se juzgarán durante la vista oral del caso Palau que ha empezado este miércoles día 1 de marzo en la Ciudad de la Justicia y que se prolongará hasta finales del próximo mes de junio.
Ironías de la historia mafiosa de Cataluña. El complejo de edificios de la Ciudad de la Justicia de Hospitalet donde se celebra este juicio fue construido por una UTE en la cual participaba Ferrovial, y esta adjudicación también generó la correspondiente comisión corrupta que fue ingresada puntualmente en el Palau de la Música.
El juez de Vendrell Josep Bosch ya ha podido acreditar, después de los registros realizados en el Ayuntamiento de Torredembarra, en la sede de la empresa Teyco y en el despacho del tesorero de CDC, Andreu Viloca, la mecánica del 3% que se ha aplicado, durante años, a las adjudicaciones de contratos de la Generalitat y de muchas instituciones gobernadas por convergentes. En este caso, los «donativos voluntarios» de empresas a las fundaciones CatDem, Fòrum Barcelona y Nous Catalans camuflaban el pago de las comisiones acordadas.
Después de cuatro oleadas de detenciones -la última, el pasado 2 de febrero- la operación Petrum ha conseguido establecer el vínculo documental entre una veintena de empresas beneficiarias de contratos públicos y la financiación ilegal de CDC a través de los pagos hechos a las fundaciones de su órbita. Las últimas informaciones apuntan que el ex-consejero Germà Gordó y el ex-presidente Artur Mas también estarían implicados en esta trama destapada en Torredembarra.
LA ‘BOMBA’ LAVA JATO
Pero, además del 4% del Palau de la Música y del 3% de Andreu Viloca, en Cataluña también tenemos el caso del 2%, si bien este todavía no ha sido objeto de ninguna investigación judicial. El 2% (exactamente, el 1,95%) es el porcentaje accionarial que tiene la sociedad británica Pioneer Point Partners LLP en la empresa ATLL Concesionaria de la Generalitat SA, que suministra el agua en alta a los 4,5 millones de habitantes de la conurbación de Barcelona, después del polémico proceso de privatización que hizo en 2012 el gobierno en funciones de Artur Mas.
En síntesis, la Generalitat vendió los derechos de esta empresa pública durante un periodo de 50 años -valorados en unos 20.000 millones de euros de ingresos- a cambio de 995,4 millones de euros, de los cuales 298,6 millones fueron pagados cuando se firmó la adjudicación, a finales del 2012, y los 696,8 millones restantes han quedado diferidos. Se trata de un negocio seguro y redondo para los socios de ATLL Concesionaria de la Generalitat, que se garantizan, de este modo, unos suculentos rendimientos anuales por anticipado del recibo del agua que pagan los hogares y las empresas del área metropolitana de Barcelona.
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