Porque yo estaba y lo viví, lo explico. La Constitución del 1978 fue celebrada como un gran éxito por la gran mayoría de las fuerzas antifranquistas y de la sociedad española, que la refrendó de manera ilusionada y masiva en las urnas. Quien lo niegue, miente. Obviamente, la vía de la transición (vs. ruptura) implicó que hubiera transacciones con los herederos del antiguo régimen –la principal, la aceptación del rey Juan Carlos como jefe del Estado y de los ejércitos-, pero el texto aprobado, en su conjunto, significó un cambio total y radical con las leyes franquistas.
Veníamos de donde veníamos –las tinieblas de la dictadura- y, en este sentido, la Constitución del 1978 significó el comienzo de una nueva etapa luminosa en la historia de los pueblos y de la gente de España. Sólo para hacernos una idea (y lo digo por todos aquellos que no vivieron el franquismo y tienen un concepto muy distorsionado de la Constitución del 1978) pongo un minúsculo ejemplo personal: la película Paths of glory de Stanley Kubrick, un alegato pacifista contra la crueldad de las guerras, estaba prohibida en España y la pude ver en Francia en 1974. Como tantas y tantas películas, libros, obras de teatro… víctimas de la censura asfixiante que había entonces.
Como que yo era muy joven en aquella época, no puedo dar testimonio directo de las represalias, de las palizas, de las torturas y de los asesinatos que sufrieron, a manos de los verdugos de la dictadura, los valientes luchadores antifranquistas. Pero, gracias a la libertad de expresión que tenemos, hoy está perfectamente explicada y detallada la brutal represión que, durante 40 años, siguió al golpe de estado militar del año 1936. Sólo por eso, la Constitución de 1978 es, con todas sus imperfecciones, un tesoro que tenemos que preservar y no malograr.
También considero que su reforma –para mejorarla- es un deber inaplazable que hay que abordar. Han pasado 38 años desde su aprobación, España forma parte de la Unión Europea, la sociedad ha evolucionado, las comunidades autónomas han afianzado el sentido de pertenencia territorial, las nuevas tecnologías han cambiado la manera de relacionarnos… y es evidente que algunos aspectos de la Carta Magna se tienen que cambiar o reformular. La actual legislatura ofrece el marco idóneo para hacerlo. La minoría del PP y su coalición de facto con PSOE y Ciudadanos hacen que este reto pendiente sea, política y aritméticamente, posible de lograr en el horizonte inmediato.
La reforma de la Constitución del 1978 se tiene que hacer despacio y a partir de consensos muy reforzados. La tradición cainita de los pueblos ibéricos obliga a ser muy cuidadosos para no herir sentimientos de agravio por parte de unos u otros. Una cuestión que, para empezar, me parece ampliamente asumible, si se hace bien, es la transformación del actual Senado en una verdadera cámara de representación autonómica o federal, como se quiera llamar. No se trata de hacer experimentos con dinamita. El modelo del Bundesrat alemán tiene una trayectoria contrastada que nos puede servir de referente a imitar.
Más allá de pagar unas generosas remuneraciones a los políticos que envían los partidos, el actual Senado español es un cementerio de elefantes sin ningún tipo de función práctica, puesto que el Congreso de los Diputados siempre tiene la última decisión. De este modo, los 266 senadores son unos parásitos que con su manifiesta inutilidad distorsionan los anhelos regeneradores de la democracia compartidos por todo el mundo. Como es lógico, los senadores a título personal no tienen ninguna culpa: es la Constitución quien los condena a hacer un papel de comparsas.
En el Bundesrat es cada gobierno regional, en proporción al número de habitantes, quien designa directamente a sus representantes. Los 69 miembros de la Cámara Alta alemana tienen por misión velar que las leyes que aprueba la Cámara Baja (Bundestag) no invadan las competencias de los länder e implementar su aplicación a cada uno de los 16 estados federados. La composición y funcionamiento del Bundesrat garantizan la plena implicación de los gobiernos regionales en los grandes temas políticos de Estado, de forma que los convierte en corresponsables y no sólo en subsidiarios.
El debate sobre la reconversión del Senado español en una verdadera cámara de representación territorial a buen seguro que daría una nueva perspectiva al callejón sin salida en que se encuentra la cuestión catalana. Sabemos, por experiencia contrastada, que la espiral de provocación-reacción en la cual estamos instalados siempre acaba mal para todo el mundo y es impropia de una sociedad europea democrática del siglo XXI.
La transformación del Senado en un Bundesrat comportaría que los gobiernos de todas las comunidades autónomas o federales del Estado pudieran dialogar e interactuar de manera permanente, sin tener que pasar por el filtro del gobierno central. Esto, sin duda, ayudaría a una mayor comprensión y colaboración y a hacer un ejercicio de madurez política, que es fundamental para encarar los retos de futuro que nos conciernen a todos.
Los parlamentos y gobiernos autonómicos son Estado y tienen todo el derecho a demostrarlo y a ejercer como tal. Con esta reforma, el Tribunal Constitucional también quedaría fuera del foco de tensión en que se encuentra y la cámara territorial se convertiría en un contrapoder efectivo, en caso de mayorías absolutas con tentación de pasar el rodillo, al binomio Gobierno-Congreso de los Diputados.
El nuevo Senado-Bundesrat obligará a una modificación de la Constitución que habrá que someter a referéndum. ¿Es éste el referéndum «legal y acordado» que tiene que servir para dar solución al conflicto secesionista planteado por los independentistas catalanes?
