Con motivo de la inauguración, el pasado sábado, de la estación depuradora de Capçanes (Priorat), el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiso hacer una metáfora entre la limpieza del agua y la «limpieza política«. Pero con muy poca fortuna y acierto.
Se refirió a la necesidad de hacer un país «limpio desde todos los ámbitos» y aseguró que «a toda cloaca le corresponde su depuradora». Jugando con el doble sentido, también aseguró que «tristemente, la cloaca del Estado no tiene quien la depure», en alusión a las conversaciones difundidas entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso.
Pero antes de hacer metáforas, el presidente de la Generalitat se tendría que haber informado mejor. Y es que la empresa adjudicataria de la gestión de la nueva depuradora de Capçanes es una filial Acciona, que también arrastra un largo historial de «cloacas».
Varios directivos de esta compañía madrileña están imputados en el caso de corrupción de la empresa pública Acuamed; el grupo de la familia Entrecanales también está involucrado en los escandalosos sobrecostes de la futura estación de la Sagrera que investiga la Fiscalía y en un presunto caso de soborno a altos cargos del gobierno aragonés. Además, Acciona resultó la adjudicataria de la polémica privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL), que ha sido anulada por los tribunales al detectar graves irregularidades. La Generalitat también necesita una profunda «depuración» de sus «cloacas».
