El juzgado contencioso-administrativo de Tarragona ha admitido a trámite una demanda contra el Ayuntamiento de Tortosa, por el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La denuncia fue presentada por un abogado de Madrid especializado en Derechos Humanos y Memoria Histórica, Eduardo Ranz, sólo tres días después de la consulta popular en Tortosa y ahora ha sido aceptada. La demanda deja un margen de veinte días al consistorio para aportar el expediente administrativo donde constan los documentos, pruebas, dictámenes, acuerdos y notificaciones relacionadas con el monumento franquista del río Ebro.
Estos documentos serán decisivos a la hora de determinar si el juez celebra un juicio o dicta una sentencia, que podría suponer la retirada del monumento. En la demanda, el letrado pide que se tome declaración al secretario general del consistorio, al alcalde y a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs. Por otro lado, la demanda presentada por Ranz también reclama que se obligue al Ayuntamiento de Tortosa a elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil española y a la dictadura, así como la retirada inmediata de todos los símbolos de exaltación franquista. Ranz ha asegurado que «no hay mayor exaltación que el monumento, con sus dimensiones«.
A pesar de que la demanda ya ha sido admitida a trámite, el Ayuntamiento de Tortosa ha comunicado que tiene previsto acatar el resultado de la consulta popular celebrada el 28 de mayo, en que un 68% de los participantes decidió reinterpretar el monumento y no retirarlo. El alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha añadido que aunque se haya admitido a trámite la demanda, no significa que acabe en sentencia, puesto que creen que se podía acabar archivando. Por otro lado, Eduardo Ranz lamenta que tanto el consistorio como el alcalde hayan hecho «caso omiso» a la Ley de Memoria Histórica y ha comparado los argumentos de Bel con los de la extremaderecha española.
