BPA ha sido vendida a un fondo buitre denunciado por el FinCEN

J.C. Flowers era propietario de un banco norteamericano sancionado por las autoridades antiblanqueo de su país por efectuar transacciones de dinero irregular con México y la República Dominicana
Una de les antigues oficines de BPA.
Una de les antigues oficines de BPA.

El gobierno andorrano intervino hace un año Banca Privada d’Andorra (BPA) a raíz de una simple notificación del FinCEN y, hace unos días, adjudicó sus activos «sanos» al fondo de inversión norteamericano J.C. Flowers, a pesar de que cinco años atrás era propietario de un pequeño banco de su país que también fue denunciado por el FinCEN, que es el organismo antiblanqueo del departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

 

A raíz de una nota del FinCEN en la cual se advertía de posibles prácticas de blanqueo, el gobierno andorrano fulminó BPA, los activos sanos de la cual pasaron en Vall Banc, una entidad puente que se acaba de adjudicar a J.C. Flowers. Ahora se ha sabido que este fondo de inversión fue propietario entre 2009 y 2011 del Suddle River Valley Bank (SRVB), una pequeña banca de Nueva Jersey, que precisamente en aquellos años fue denunciada por el FinCEN por supuestas transacciones irregulares de dinero con México y la República Dominicana.

 

Cuando J.C. Flowers compró SRVB, que sólo tenía dos oficinas, las dos en Nueva Jersey, abrió una red de banca electrónica con países del América Latina que en dos años movilizó 1.500 millones de dólares en transacciones financieras.

 

Estos movimientos millonarios levantaron las sospechas del FinCEN, que abrió una investigación al SRVB en 2011 y, por este motivo, J.C. Flowers se apresuró a vender las acciones, según se indica en un comunicado de Greg Lowman, el abogado norteamericano de los hermanos Cierco, principales accionistas de BPA hasta que fue intervenida. J.C. Flowers se vendió su participación en aquel banco a precio de saldos.

 

El 2013, el SRVB aceptó una multa de 8,2 millones de euros impuesta por el FinCEN. Entre los diversos cargos que los imputaron figuraba que no disponían de un programa para combatir de manera efectiva el blanqueo de dinero.

 

Posteriormente, un grupo de accionistas minoritarios interpusieron acciones judiciales contra SRVB y J.C. Flowers. El caso se cerró con un acuerdo extrajudicial por el cual los pequeños accionistas cobraron una indemnización de 1,2 millones de dólares.

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