El decreto de pobreza energética que aprobó el año pasado el Parlamento de Cataluña, para prohibir a las compañías cortar la luz y el gas durante los meses de invierno a las personas con pocos recursos, ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, que argumenta que invadía competencias estatales en materia de regulación energética.
Los beneficios que preveía el decreto de pobreza energética se han visto anulados cuando el alto tribunal ha admitido el recurso del ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno central considera que la reforma de la ley del Código de Consumo de Cataluña«va contra la normativa», hecho que supone «una discriminación de los consumidores del resto del territorio español».
Unas 895 familias que se habían acogido a las garantías del decreto son vulnerables ante eventuales cortes de luz o gas en invierno en caso de impago. Los datos que aporta Instituto de Estadística de Cataluña señalan que un 11% de los hogares catalanes, es decir, 300.000 familias, tendrán problemas este invierno para mantener su casa a una temperatura adecuada.
Por un lado, el Constitucional ha suspendido el decreto de pobreza energética y da 15 días al Parlamento para posicionarse al respeto y presentar alegaciones. Por otro lado, la Generalitat, que ya preveía la suspensión de esta reforma, ha propuesto como alternativa que los clientes más vulnerables estén exentos, como mínimo, de pagar el IVA de las facturas.
