La investigación emprendida por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) sobre los contratos de servicio adjudicados por el Ayuntamiento de Girona durante la etapa del presidente Carles Puigdemont como alcalde (2011-2015) tiene su origen en la denuncia de un particular centrada en los contratos obtenidos por la consultora Efial, cuyas relaciones con los Consistorios de L’Ametlla de Mar, Ascó y Torredembarra investiga la Justicia.
Según publica el Diari de Girona, en el punto de mira de la OAC están al menos cinco contratos adjudicados a dedo a Efial, por un total de 112.000 euros: una auditoría del servicio de patrimonio (17.600 euros), otra del servicio de contratación (17.300 euros), el estudio sobre la prórroga de las aguas de Girona (15.750 euros), otro estudio sobre el proyecto de reforzamiento del abastecimiento de la Costa Brava centro (13.900 euros) y un seguimiento del plan económico y financiero de la prórroga del servicio de agua (29.500 euros). El País, por su parte, publica que durante el mandato de Puigdemont el Consistorio de la capital del Onyar otorgó a Efial seis contratos que totalizaron 113.000 euros: cuatro por adjudicación directa (todos de menos de 18.000 euros) y dos más mediante un proceso sin publicidad (por un total de 51.000 euros).
La contratación de Efial por parte del Ayuntamiento de Girona comienza a producirse, de hecho, con la llegada de CiU al poder, cuando Puigdemont se convirtió en alcalde. Esta consultora ha recibido contratos en toda Catalunya principalmente de Gobiernos municipales convergentes.
Efial Consultoría SL se llama ahora Consultoría en Gestión Innovadora SL y tiene como administrador único a Francesc Xavier Termens, antiguo jefe del área de Participaciones Públicas y Patrimonio la Dirección general de Patrimonio de la Generalitat, publica el BOE. Antonio Martos, quien presidía Efial y al mismo tiempo era gerente de la empresa municipal de urbanismo de L’Ametlla La Cala Gestió, consta ahora como socio principal.
