La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación sobre las posibles irregularidades cometidas en Aigües Ter-Llobregat (ATLL) por parte de la adjudicataria Acciona, denunciadas por la Oficina Antifraude de Catalunya.
En el punto de mira de las diligencias abiertas está la facturación, supuestamente cruzada, de sociedades controladas por Acciona por un posible delito de falsedad documental. Según denuncia Antifraude, Acciona empleó dos filiales para facturar millones de euros por trabajos no justificados.
Esta Oficina considera, además, que se cometieron «múltiples irregularidades» en el proceso de privatización de ATLL, el más importante del segundo mandato de Artur Mas al frente de la Generalitat. Esa adjudicación fue declarada nula por los tribunales, que decidieron que se tenía que resolver el contrato, otorgado por 50 años.
A pesar de todo ello, publica El Confidencial citando fuentes jurídicas, la Generalitat no tiene previsto quitar el control de ATLL a Acciona hasta que decida al respecto el Tribunal Supremo, con el objetivo de reducir al máximo el resarcimiento a la concesionaria por daños y perjuicios.
Según la misma información, este es el fruto de un acuerdo alcanzado por el presidente, Carles Puigdemont, y el vicepresidente económico, Oriol Junqueras. La decisión choca frontalmente con la proposición de ley impulsada por la mayoría del Parlamento, contra el criterio de Junts pel Sí: todos los otros grupos de la Cámara han aprobado una propuesta del PSC para retirar la concesión de ATLL a Acciona.
