Ramisa, el ganadero catalán que más guarrea

Pactó una pena leve por contaminar con miles de litros de deyecciones y la Fiscalía quiere que lo imputen por presunto quebrantamiento de condena
purins ramisa
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Josep Ramisa Salada, nacido en 1947 y residente en Manlleu, es el empresario del sector cárnico con peor reputación como gestor de purines en la Catalunya central. Este exponente de la llamada aristocarnia fue condenado el 19 de noviembre de 2014 como responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por un vertido masivo de deyecciones y la Fiscalía cree que puede haber quebrantado al cabo de menos de tres meses la condena que pactó.

En los hechos probados de la sentencia consta que la macrogranja porcina de El Soler, propiedad de Ramisa ubicada en Oristà (en el Lluçanès, todavía Osona oficialmente), abocó entre 450.000 y 675.000 litros de purines al torrente del Magre, afluente de la riera Gavarresa, del 11 al 13 de marzo de 2010. Tanto el empresario como el encargado de la explotación fueron condenados por negligencia grave.

Ramisa, sin antecedentes penales, logró un acuerdo con la Fiscalía que rebajó la condena, y evitó los cinco meses de prisión con una multa adicional que incrementó el total a pagar por su parte hasta los 4.500 euros (5.600, según otros cálculos).

El abogado de Josep Ramisa en aquel proceso fue Cristóbal Martell, el penalista que ha defendido a acusados de los casos Palau de la Música, Pretoria, Mercurio y Nóos y ha representado a Josep Lluís Núñez, Jordi Pujol Ferrusola, Manuel Bustos y Lionel Messi, entre otras celebridades.

Más marranadas
Después de aquella sentencia, el nombre de Ramisa no tardó a reaparecer en los juzgados. El Grupo de Defensa del Ter (GDT) alertó que las pérdidas de fluidos de una balsa de purines en malas condiciones de la granja del Despujol, situada en las Masies de Voltregà (Osona), habían ensuciado el terreno de la zona y amenazaban con contaminar el Ter. El pasado 11 de febrero, los Mossos d’Esquadra denunciaron el presunto vertido reiterado de purines desde aquella explotación y, recientemente, la Fiscalía ha pedido al juzgado de Vic que conduce la investigación sobre este otro posible delito medioambiental que se impute Ramisa por un presunto quebrantamiento de condena.

La sentencia que lo culpó de los derramamientos de Oristà incluía una inhabilitación durante seis meses para ejercer profesión u oficio que comportara la gestión de deyecciones ganaderas y se supone que, dentro de aquel plazo, Ramisa era el responsable de Ganadería Despujol SL y del tratamiento de las deyecciones del ganado.

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