La ILP Vivienda deviene Ley

Acuerdo unánime parlamentario para acabar con los desahucios y los cortes de suministro en Catalunya
El secretari de la Mesa del Parlament, David Companyon, fa una foto amb el resultat de la votació de la ILP
El secretari de la Mesa del Parlament, David Companyon, fa una foto amb el resultat de la votació de la ILP

«Hoy será un día histórico en este Parlamento de Catalunya», auguraba el diputado del PP, Rafael López, durante la primera intervención al atril del hemiciclo de la cámara legislativa del parque de la Ciutadella, en el debate final de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Vivienda. Una hora larga después, hacia las 20h de este jueves, la cámara aprobaba la ley que tiene que acabar con los desahucios en Catalunya. Todos los grupos han votado a favor de la Ley, 120 a favor y 0 en contra.

«Muy agradecidos señores del PP, muy entusiastas, pero aprueban una ley mordaza para que nadie se pueda quejar. Pero si hoy aprueban la ILP Vivienda, bienvenidos al club», ha dicho Salvador Milà, relator de la proposición y diputado de ICV.

Los promotores de la ILP, la PAH, juntamente con el Observatorio DESC y la la Alianza contra la pobreza energética, han conseguido que la propuesta se haya tramitado de urgencia, en tiempo récord. En un mes. «Es histórica por la velocidad con que se ha tramitado y por el consenso entre los grupos parlamentarios», ha dicho el diputado de la CUP, Quim Arrufat.

«Hoy por primera vez una cámara legislativa se pone junto a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hemos visto a demasiados gobiernos doblados ante a los intereses de los bancos y de las empresas de suministro energético, rescatándolas, cuando a quién se tiene que rescatar es a las personas», ha dicho Maria Campuzano, portavoz de la Alianza.

El dictamen de la ponencia llegaba al debate final con una enmienda viva de CiU y cuatro del PP. CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP han acabado firmando la enmienda transaccional. Y el PP ha retirado la mitad de las enmiendas presentadas.

Una de las principales novedades que la nueva ley ofrece es un alquiler social, por un mínimo de tres años, en caso de falta de vivienda, y que las administraciones públicas garanticen el realojo de las personas en riesgo de exclusión residencial durante los procesos de desahucio. Su aprobación también supone que nadie en situación de exclusión social sufrirà cortes de suministros.

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