La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), una entidad participada por los grandes empresarios del país, ha vuelto a ser declarada «de utilidad pública», según la orden que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado y que recoge la web ‘ElBOEnuestrodecadadía’.
El Gobierno ha vuelto a otorgar esta condición a la Asociación después de ejecutar una sentencia de la Audiencia Nacional, de septiembre de 2012. Tres años antes, el Ministerio de Interior del Ejecutivo de Zapatero, después de analizar informes de la Agencia Tributaria, decidió revocar la condición ‘de utilidad pública’, que comporta beneficios y exenciones fiscales. Interior consideraba que la Asociación ofrecía «formación a un colectivo selecto de personas a cambio de una contraprestación» y que, por lo tanto, era una actividad empresarial. La Asociación facturó más de seis millones en 2007.
El APD, Antonio Garrigues es presidente de honor y Emilio Cuatrecasas, vicepresidente, recurrió la decisión del Gobierno, y la Audiencia le dio la razón. Unos de los argumentos de la defensa es que el pago de cursos por parte de terceros no cubre su coste total y que, por lo tanto, no son actividades lucrativas en un sentido estricto. El presidente Rajoy es asistente habitual a los consejos anuales del ente.
