El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador bancario del gobierno de Andorra, siempre llega tarde. No actuó ante las flagrantes irregularidades de la agencia de patrimonios Valora, que quebró en 2007 con un agujero de cerca de 25 millones de euros, ni tampoco para evitar las prácticas de blanqueo de dinero de la Banca Privada de Andorra (BPA), a pesar de que estaban informados o, al menos, sabían que la estaban investigando.
El día siguiente que la unidad antiblanqueo del departamento del Tesoro de los EE.UU. (FinCEN) hizo pública la nota en la que se acusaba a la BPA de canalizar dinero procedente del crimen organizado, la directora de la INAF, Maria Cosan, se limitó a nombrar a dos interventoras de «manera preventiva» y, en una comparecencia ante la prensa, dijo que estamentos administrativos y policiales andorranos investigaban los hechos denunciados hacía tiempo. (…)
Fuentes empresariales andorranas explican a este semanario que, el día siguiente de la nota del FinCEN, Maria Cosan se reunió en la sede del INAF con los hermanos Higini y Ramon Cierco, Joan Pau Miquel y dos directivos más de la BPA desde las 11.15 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde. El gobierno de Toni Martí había decidido, tal como había informado a la Asociación de Bancos Andorranos (ABA), que se impondría a los responsables de la BPA tres condiciones: el cese del consejo de administración -presidido por los hermanos Cierco-, la sustitución de toda la cúpula directiva -encabezada por Joan Pau Miquel- y el nombramiento de Carles Salvadó, un exdirector del INAF, al frente de la intervención de la BPA, pero no pasó nada de todo eso.
Ni se cesó al consejo de administración ni tampoco a la dirección, simplemente se nombraron dos interventoras «de segundo nivel», según precisan las fuentes consultadas. No fue el INAF el que apartó a Joan Pau Miquel, el primer ejecutivo de la BPA y de la filial española Banco Madrid, sino la policía, que fue a buscarlo a su casa para llevárselo al calabozo.
Sobre las supuestas prácticas delictivas de la BPA, fuentes empresariales andorranas señalan que la policía y el INAF conocían las investigaciones que se hacían en los EE.UU. y España: «Las alarmas habían saltado hacía tiempo pero no habían hecho caso». A las autoridades andorranas la nota del FinCEN las cogió en bragas, incluso con un gobierno provisional porque apenas se habían hecho las elecciones legislativas unos días antes.
LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE EL TRIANGLE DE ESTA SEMANA
