«Es obligación de un empresario tener buena relación con la gente que hay en la Administración», ha explicado el presidente del holding GBI Services SA, que gestiona una veintena de compañías de recogida de residuos, Gustavo Buesa, este lunes en el Parlamento. El empresario ha reconocido que pagó 550.000 euros del 2007 al 2010 a fundaciones privadas vinculadas a CiU. Y prestó, sin retorno, 50.000 euros a Unió Democrática.
En 2002, el hoy consejero de Interior Ramon Espadaler (Unió) otorgó la autorización ambiental a favor de una empresa que tenía dos socios: Buesa y Josep Mayola. Posteriormente se añadió una empresa de Pujol Ferrusola, que adquirió un tercio de la propiedad y que vendió poco después por 5,3 millones a los dos socios. Once días después, Buesa y Mayola vendieron sus participaciones al grupo FCC por 15,9 millones de euros. «Él -Júnior- no quería continuar con el negocio. Él vende y nosotros nos quedamos. Después vendemos por 15,9 millones de euros», ha explicado Buesa. Un tercio de los beneficios para cada socio.
En lo que se refiere a la concesión de recogida de basura en Lloret de Mar, cuando gobernaba Xavier Crespo (CiU), por un procedimiento de urgencia, pocos días antes de las municipales, sin que se publicara en el Diario Oficial de la UE y por un periodo de 10 años cuando la Ley dice que tiene que ser de 4, el empresario ha dicho que habría preferido que se hubiera prorrogado el servicio un año antes de volver a abrir el concurso. Justamente en ese Pleno municipal, toda la oposición estuvo en contra de la prórroga y sólo CiU dio la luz verde. El contrato prevé 7,9 millones de euros por cada uno de los 10 años de servicio. El servicio de recogida de basura de Lloret es un 459% más caro por habitante que la media española. «El ayuntamiento siempre ha querido un servicio excelente, tanto de calles como de playas. Los servicios valen lo que valen. Los sindicatos están contentos. En Lloret tenemos unos grandes salarios», ha argumentado Buesa quién, como empresario que a dicho que hay que caer bien a las Administraciones, considera que la exalcalde imputado de Lloret, Xavier Crespo, «se hizo un gran nombre en la ciudad».
«No entiendo las sospechas de que todo aquello que se ha dado a BGI haya sido por amiguismo«, ha concluido el empresario. El 50% de los beneficios de su empresa provienen de contratos con la Administración Pública.
