Los 98 millones de euros que 39 empresas tendrán que pagar como multa por haberse organizado para operar como un cártel en el reparto de los contratos públicos de los servicios de basura no representan una cantidad extraordinaria comparada con las ganancias que las más grandes de todas ellas suelen obtener, pero es la tercera sanción más importante jamás decidida por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y constituye un rapapolvo a la élite empresarial española más tramposa.
Tienen que pagar un 75% de la histórica multa las filiales de ACS Ubaser y Sertego (23,28 millones); FCC (16,88 millones); Valoriza, de Sacyr (15,29 millones); Cespa, de Ferrovial (13,61 millones); y Saica (5,3 millones). El importe de la multa es sólo un 3% de la facturación de este mercado, según estimaciones de Competencia.
Las compañías sancionadas -39 empresas y 3 asociaciones de gestión de residuos- pisotearon el artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia porque se comportaron como un cártel al menos entre 1999 y 2013, logrando pactos de no-agresión, repartiéndose clientes y licitaciones públicas de ayuntamientos sobre los contratos de gestión de residuos y trabajos de saneamiento urbano mediante las UTE, compartiendo información comercial sensible, acordando concurrencias conjuntas a licitaciones para eliminar a competidores e instrumentalizando organizaciones sectoriales para someter otras empresas a las prácticas de este cártel.
Algunos de los contratos salpicados por este escándalo superaban los 500 millones de euros, según la CNMC, que sitúa el origen de esta sanción en una inspección efectuada sobre la gestión de residuos en las Baleares.
