El día siguiente de la negativa a declarar de Oriol Pujol, Anna Vidal y Sergi Alsina ante la jueza Silvia López Mejía, varios testigos han reforzado las sospechas del fiscal, dejando en una situación delicada a la versión de los hechos con la que los tres imputados se quieren defender en el caso de las deslocalizaciones de multinacionales como Yamaha, Sony y Sharp, una derivada del caso de las ITV.
Este martes, por un lado, trabajadores de Alta Partners, empresa de Alsina, han dicho que no conocían a Vidal y que tampoco les consta que hubiera ejercido tarea externalizada alguna en relación a las citadas operaciones. El ministerio público cree que estos trabajos de la mujer de Oriol Pujol no existían y que sólo camuflaban pagos del empresario a su amigo político por haber obtener beneficios de sus influencias. Por otro lado, Lluís Franco, ex consejero de Trabajo, ha declarado ante la Justicia que, cuando dirigía la Agencia Tributaría Catalana, recibió dos peticiones de Oriol Pujol para que atendiera a un amigo suyo, Sergi Alsina, en relación a los proyectos de reconversión de Yamaha y Sharp, gracias a los cuales el empresario se embolsó 7,4 millones de euros.
Franco ha especificado que, en el caso de Sharp, Oriol Pujol pidió una reunión urgente. Los encuentros se organizaban, supuestamente, con el objetivo de saber qué beneficios fiscales contemplaba la normativa tributaria para los posibles compradores de las fábricas y, según las palabras de Franco, en ellos sólo informó a Alsina y a otros empresarios que le acompañaban que los tributos por los cuales se interesaban dependen de la legislación estatal.
