Hace semanas que coge musculatura la iniciativa ciudadana que quiere construir los cimientos de un nuevo sistema educativo que revierta los resultados que colocan a los estudiantes españoles y catalanes entre los últimos de Europa.
La propuesta pretende involucrar a la comunidad educativa, a los padres y madres y a los mismos alumnos en la elaboración de las bases para una enseñanza pública, universal y de calidad, que pare la privatización de algunos servicios y la segregación que tanto CiU como el PP están introduciendo en las aulas. Con el apoyo de decenas de entidades, de partidos como la CUP o Proceso Constituyente y de algunos sindicatos, los promotores intentan que el debate sobre el nuevo modelo que proponen entre y se discuta en el Parlamento.
Y la única vía legal para hacerlo es mediante una Iniciativa Legislativa Popular. Tienen hasta el 8 de marzo para recoger las 50.000 firmas necesarias para que los reciban al Palacio de la Ciutadella de Barcelona y sea admitida a trámite. Pero este apoyo masivo de la sociedad civil muy a menudo queda en una nada cuando llega a las instituciones.
El sistema de representación parlamentaria, paradójicamente, puede menospreciar iniciativas que tienen una movilización significativa entre la ciudadanía. Esta paradoja se dio hace un par de años en el Congreso, donde de inicio rechazaron una Iniciativa sobre el derecho a la vivienda que contaba con 1,5 millones de firmas recogidas y, al mismo tiempo, se aceptó otra con menos de 600.000 firmas favorables a la tauromaquia. La mal llamada democracia participativa es limitada y partidista.
Los grupos parlamentarios pueden rechazar la entrada de una ILP en el Congreso si consideran que su contenido limita con los derechos fundamentales de las personas. De las 80 ILP’s que han llegado al Congreso desde el año 83, sólo dos han acontecido leyes. Una cincuentena no han sido ni admitidas a trámite.
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