La Fiscalía Anticorrupción de Catalunya investigaba a Gustavo Buesa por el contrato de recogida de residuos urbanos de Lloret de Mar, a raíz del caso Clotilde, pero el juez Pablo Ruz, de la Audiència Nacional, le acaba de imputar por presunto blanqueo de dinero y falsedad en el caso de Jordi Pujol Ferrusola por el pelotazo que hicieron con el vertedero de Tivissa, en la Ribera d’Ebre.
Gustavo Buesa, de 54 años, nacido en Barcelona y residente en Lloret de Mar, está al frente de GBI Serveis, un hòlding que controla una veintena de empresas de recogida de residuos y reciclaje, implantadas sobre todo en la Costa Brava y el Camp de Tarragona, y que cuenta con filiales en México y Rumanía.
En los círculos políticos de Lloret se explica que Buesa introdujo a Jordi Pujol júnior en negocios a México, si bien los investigadores se decantan para pensar que fue el heredero del expresidente de la Generalitat quien se llevó a Buesa a hacer las Américas. En todo caso, Jordi Pujol júnior, Gustavo Buesa y el gerundense Josep Mayola Comadira, quienes fueron socios en el vertedero de Tivissa, se han hecho de oro con la basura y ahora están imputados.
Una bomba contra Espadaler
La operación de Tivissa es una bomba política que puede estallar en las manos del democristiano Ramon Espadaler, actual consejero de Interior, porque cuando era titular de Medio Ambiente en el último gobierno del pujolismo concedió la licencia de actividad a la empresa que puso en marcha el vertedero: Gestió i Recuperació de Terrenys, de la cual eran socios Buesa, Mayola y Jordi Pujol júnior, si bien este último procuró no figurar hasta después de que la Generalitat concediera la autorización.
Cuando, el 21 de octubre de 2002, Ramon Espadaler firmó la resolución por la cual otorgaba la autorización ambiental en favor de Gestió i Recuperació de Terrenys, formalmente esta empresa sólo tenía dos socios: Buesa y Mayola. Con posterioridad, Active Traslation, una sociedad controlada por Jordi Pujol júnior, cogió un tercio de las participaciones, pero las volvió a vender a sus dos socios -Buesa y Mayola- por 5,3 millones de euros el 10 de diciembre de 2004 y, sólo once días después, el 21 de diciembre, estos dos socios vendieron la totalidad de las participaciones a Recuperació de Pedreres (grupo FCC) por 15,9 millones de euros.
Tal como apunta la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en uno de sus informes, Jordi Pujol figuró en la empresa que gestionaba el vertedero de Tivissa sólo dos años: entró después de que la Generalitat concediera las autorizaciones, que supusieron su revalorización, y se largó pocos días antes de que se vendiera a Recuperació de Pedreres, del grupo Fomento de Constucciones y Contratas (FCC). Con este procedimiento, supuestamente, el heredero Pujol intentaba pasar desapercibido, pero no lo ha conseguido.
Los investigadores de la UDEF apuntan que Jordi Pujol junior (a través de la sociedad Active Translation), Buesa (con GBI Monic Promocions) y Mayola (con LINCE) se llevaron 5,3 millones de euros por barba. La Policía sospecha que antes de que el Departamento de Medio Ambiente concediera las autorizaciones ya estaba «negociada la entrada» de Jordi Pujol júnior en el negocio, del mismo modo que se pactó su salida de la emprendida Gestió i Recuperació de Terrenys, la gestora del vertedero, pocos días antes de su venta a FCC.
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