El desenlace de una década de contiendas judiciales sobre el vertedero de Vacamorta (Baix Empordà), decretado por un sentencia del Tribunal Supremo el mes de febrero pasado, ya ha llegado: la polémica instalación está a punto de cerrar.
No se conoce la fecha concreta de desmantelamiento ni el destino de los dos millones de toneladas de desechos enterrados ilegalmente, pero la clausura ordenada por la Generalitat cierra un círculo que el mismo el Gobierno catalán empezó hace once años.
Cómo publica la última edición de EL TRIANGLE (núm. 1161), en 2003, la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por el actual responsable de Interior, Ramon Espadaler, cometió una irregularidad flagrante al conceder la licencia ambiental al vertedero.
La larga lucha de la Plataforma Antiabocador de Cruïlles para tumbar la instalación basándose en aquella irregularidad ha acabando triunfando y, de este modo, se entierra uno de los negocios de Jordi Pujol Júnior brotados al calor del Gobierno de su padre.
La empresa que ha gestionado Vacamorta está vinculada a Gustavo Buesa, uno de los empresarios del entorno del Júnior que están imputados, y a su grupo GBI Servicios. Buesa y GBI también aparecen en el sumario del caso Clotilde, sobre las supuestas martingalas del diputado y exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo.
Mientras el juez Pablo Ruz examina los negocios con los vertederos del trío Jordi Pujol Ferrusola, Gustavo Buesa y Josep Mayola, el Gobierno de la Generalitat, en situación financiera crítica, tendrá que restaurar el paraje de Vacamorta.
