Después de más de dos horas de reunión, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de impugnación interpuesto por el Gobierno del Estado contra la consulta alternativa del 9 de noviembre, convocada por el Gobierno de la Generalitat.
Ha sido una decisión unánime de los doce miembros del pleno que, sin ninguna argumentación jurídica, supone la suspensión de la votación. Cómo ya pasó con el 9N previsto por la ley catalana de consultas populares no referendarias y por el decreto de convocatoria firmado por el presidente Artur Mas, la decisión del TC comporta que la logística de esta alternativa se tiene que detener.
No consta, sin embargo, en esta resolución una advertencia expresa al presidente de la Generalitat sobre eventuales riesgos de seguir con los preparativos de la votación, como pedía el Gobierno español. En cambio, la suspensión tiene efectos retroactivos -se extienden a partir del pasado viernes, cuando el recurso se presentó- y tiene una duración prevista de cinco meses, plazo durante el cual el Constitucional tiene que decidir si la mantiene o la desecha.
Reacción de la Generalitat
La respuesta del Gobierno de la Generalidad de Catalunya, comunicada por el consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha consistido en afirmar que todo está «a punto» para la votación del 9N y a asegurar que el «proceso participativo» se mantiene «con todas las consecuencias». Además, Homs ha anunciado que el Gobierno catalán alegará ante el Constitucional y presentará una demanda en el Tribunal Supremo contra el Gobierno «por atentar contra el derecho a la participación, a la libertad de expresión y a la libertad ideológica».
