La compañía ACS, presidida por Florentino Pérez, tendrá que dar explicaciones sobre sus cuentas de 2012. El Juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid ha admitido a trámite la demanda del ex directivo de Dragados y accionista de ACS Tomás Peña, que pone en el punto de mira de la Justicia a Pérez y su consejo de administración por la posible comisión de delitos de fraude contable y falseamiento de cuentas en relación al ejercicio de 2012.
Según el escrito de la demanda, revelado por Vozpópuli, Peña acusa a la cúpula de ACS de haber elaborado las cuentas de aquel año con numerosas infracciones de la normativa jurídico-contable y sin mostrar una imagen real del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la compañía.
La demanda distingue dos conjuntos de irregularidades. Por un lado, se acusa a los responsables de ACS de no haber consolidado en los números del grupo el pasivo de más de 1.600 millones de euros correspondiente a la filial Escal, que tenía la concesión del almacén de gas Castor. Por otro lado, se indica que se contabilizaron como «activos no corrientes mantenidos para la venta» unos activos principalmente relacionados con las energías renovables que puso en venta ACS hace más de dos años y que, mayoritariamente, no se han podido traspasar.
Castor y Escal
Uno de los planteamientos fundamentales de la demanda, en cuanto al caso Castor, es el punto sexto, donde se recuerda que la CNMV pidió a ACS que justificara por qué no consideran que ACS ejerce control sobre Escal a pesar de que posee un 66,67% de esa filial.
Peña pide que la Justicia anule las cuentas y el informe de gestión de 2012 y que se reformulen los números de aquel ejercicio.
¿Comisiones?
Además, fuera de la vía judicial, este accionista solicitó que se aclarara si se pagaron comisiones para adjudicarse obras y servicios en Catalunya. En este sentido, un economista que trabajó a las órdenes de Pérez divulgó, el pasado agosto, que el presidente de ACS efectuó pagos de comisiones del 3%, el 5%, el 6% y el 10%.
