Tres empresas imputadas se presentan al concurso de las ambulancias

La Consejería de Salud decidirá antes de final de año el reparto de los contratos por 2.000 millones de euros
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Antes de finales de año, el Departamento de Salud de la Generalitat tiene previsto adjudicar el servicio de transporte sanitario urgente y no urgente en Catalunya. Se trata de un concurso importante: por su duración (seis años, prorrogables hasta diez) y por su importe (de entrada, 214 millones de euros cada año). Para hacernos una idea: la Generalitat dedica a las empresas privadas de ambulancias una dotación presupuestaria parecida a la subvención anual que recibe la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). En la Comunidad Valenciana, que tiene una población de 5,1 millones de habitantes, la Generalitat acaba de adjudicar, no sin polémica, el servicio de ambulancias por un importe anual de 59 millones, menos de una tercera parte del que destina el gobierno de Catalunya. 

Como es obvio, la «generosidad» de la Generalitat catalana ha atraído a las grandes empresas del sector, que se han presentado al concurso convocado el pasado 11 de junio. Este 2 de octubre se han abierto los sobres con las ofertas de los 17 licitadores que han concurrido y, según fuentes de Salud, la resolución final se dará a conocer durante la segunda quincena del mes de diciembre. De las 17 empresas que se han presentado, hay tres que en los últimos meses han sido noticia en los medios de comunicación por su implicación en varios escándalos.

El caso Innova
Centre Ambulàncies Baix Ebre SL opta, en solitario o formando parte de una UTE, a tres de los 13 lotes territoriales en que se ha organizado el concurso. El presidente de esta compañía, Bernardo Coslado, fue detenido por la Guardia Civil el pasado 9 de enero, en el marco de las investigaciones sobre el caso Innova. Está imputado por soborno, tráfico de influencias y delitos societarios. El juez que instruye esta pieza separada del caso Innova le ha retirado el pasaporte. Bernardo Coslado es, además, el presidente del Asociación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA). Este empresario también está relacionado indirectamente con la polémica adjudicación del servicio de ambulancias en la Comunidad Valenciana, toda vez que es propietario al 50% de la compañía Ambulancias CSA SL, una de las empresas que forma parte de la UTE Ambulevante, adjudicataria del servicio por un periodo de seis años (ampliable a diez).

El Tribunal de la Competencia anuló, en primera instancia, el concurso convocado por la Generalitat valenciana, puesto que sólo daba 15 días para la presentación de ofertas, hecho que fue denunciado por dos asociaciones del sector, al considerar que eso favorecía descaradamente los intereses de Ambulevante. Debido a este pucherazo, fue cesado el secretario de Sanidad, Manuel Escolano. El concurso se volvió a convocar y fue adjudicado, a finales del año pasado, a la UTE Ambulevante. Eso sí, con una sensible rebaja de la aportación económica de la Generalitat valenciana. Justo es decir que la empresa líder de Ambulevante, el grupo alicantino ASV, también se presenta al concurso de Catalunya, donde opta a quedarse la zona del Vallès Oriental a través de la sociedad Ambulancias Ayuda SLU.

El caso Palau
Quién también juega fuerte en el concurso convocado por el CatSalut es la empresa constructora madrileña Ferrovial. A través de sus filiales Ferroser Servicios Auxiliares y Ferroser Servicios ha presentado ofertas para quedarse con el servicio al Alto Pirineo, Lleida, las Tierras del Ebro y el Vallès Oriental.

Ferrovial es la principal empresa involucrada en el sumario del caso Palau de la Música, entidad a la cual aportó más de 12 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción considera que estos pagos eran, en realidad, las comisiones que se abonaban a CDC a cambio del adjudicación fraudulenta de obras públicas en Catalunya, como por ejemplo la línea 9 del metro o la Ciutat de la Justícia, entre otros.

A través de Fèlix Millet, que se quedaba con el 1,5% de las aportaciones, los pagos de Ferrovial acababan en la sede de Convergència, ya sea en billetes de 500 euros, ya sea como subvención a la Fundación Trias Fargas. En este sumario está imputado el director de relaciones institucionales de Ferrovial, Juan Elizaga. También está imputada Rosa Garicano, exdirectora general del Palacio de la Música y esposa de Xavier Ribó (hermano del Síndic de Greuges, Rafael Ribó), que durante años ha trabajado como comercial y relaciones públicas de Ferrovial en Catalunya.

El caso Aragón
Una tercera empresa envuelta en escándalos es Ambuibérica, por la falsificación de facturas en Aragón. Esta compañía, con sede en Valladolid, está fuertemente vinculada al PP y su fulgurante expansión territorial se ha hecho con el apoyo político del partido. Cuenta, además, con la participación accionarial de la empresa de capital riesgo ProA Capital.

En 2011, Ambuibérica desembarcó en Catalunya, con la adquisición, a través de la sociedad Holding E-Center, de la compañía Ambulàncies Reus SA. En esta operación intervino el ex consejero de Gobernación, Interior y Sanidad Xavier Pomés, uno de los «hombres fuertes» de CDC en el sector sanitario, actual consejero del Hospital Clínic y del Hospital de San Juan de Déu.

Desde el pasado mes de julio, el juzgado n. 11 de Zaragoza está investigando el fraude cometido por Ambuibérica, que tiene adjudicada la gestión del transporte sanitario no urgente en Zaragoza y Teruel, por el cobro de servicios no realizados por un importe de 178.176,86 euros, en algunos casos empleando la identidad de personas difuntas. Además, esta empresa ha sido reiteradamente denunciada por los sindicatos debido a su salvaje política laboral por el abuso de la precariedad, de los contratos en prácticas y los bajos salarios que paga.

En el caso de Catalunya, Ambuibérica, a través de Ambulàncies Reus SA, quiere llevarse una parte importante del pastel en juego. En concreto, ha presentado ofertas al concurso convocado por la Generalitat para hacerse cargo de tres zonas: Tarragona, Alto Penedès-Garraf-Baix Llobregat Norte y Baix Llobregat-L’Hospitalet.

«Halcones» al ataque
Las empresas que resulten adjudicatarias del concurso en Catalunya saben que los ha tocado la «lotería». El contrato global, que puede llegar a los diez años de duración, asciende a más de 2.000 millones de euros. Y, en estos tiempos de penurias presupuestarias, esta cifra -garantizada por la administración- es de una magnitud llamativa. Por eso, grandes grupos internacionales se han posicionado para «asaltar» el mercado catalán.

Se el caso, por ejemplo, de la multinacional danesa The Falck Group, con presencia a 44 paísos de todo el mundo. Esta compañía compró, en 2012, el 75% de la empresa de ambulancias Vicente Lázaro (VL), propiedad del actual presidente de la patronal catalana del sector ACEA, Vicenç Vicente Lázaro. La nueva empresa, bautizada con el nombre de Falck VL, presume de tenerlo todo «muy muy ligado» políticamente para llevarse una parte sustancial del concurso de la Generalitat y se comenta que, para lograr este objetivo, cuenta con el apoyo de un influyente dirigente de CDC del «sector negocios».

Se ha presentado en seis zonas territoriales y aspira a quedarse con el 50% de la cuota de mercado. La prepotencia y la agresividad que muestra Falck VL está causando mucho malestar entre sus competidores. Fuentes consultadas por EL TRIANGLE explican una reveladora anécdota: «Falck VL está tan segura de ganar el concurso que ya ha encargado 50 nuevas ambulancias y exige a los fabricantes de ambulancias catalanes que trabajen en exclusiva para ellos, advirtiéndolos que los penalizarán si no les obedecen». ¿Se cumplirán los pronósticos del presidente del ACEA? Lo veremos antes de finales de año. En todo caso, el político convergente que les da «protección» ha caído en desgracia las últimas semanas, arrastrado por el escándalo del caso Pujol.

Port Aventura
El empresa Transporte Sanitario de Cataluña (TSC) también se juega mucho. Fue la principal beneficiaria del anterior concurso de la Generalitat, otorgado en 2006, en tiempos del Tripartito, y controla actualmente el 30% del mercado catalán. Se ha presentado a seis lotes territoriales (en el caso del Baix Llobregat-L’Hospitalet, a través de la filial Ambulàncies Condal, y en el del Barcelonés Norte-Maresme, haciendo una UTE con la empresa cooperativa La Pau, de Badalona) y, además, es la empresa de referencia de la UTE Transporte Sanitario de Barcelona, que opta en solitario a la parte más importante del pastel: el servicio de Barcelona ciudad y de la Región Sanitaria de Barcelona.

TSC ha pasado por varias manos. Inicialmente, era de la Cruz Roja, que se la vendió a la Agrupació Mútua. En 2010, esta entidad, que entró en crisis debido a la nefasta gestión bajo la presidencia de Fèlix Millet, vendió TSC al grupo financiero Investindustrial, de la familia Bonomi, en dura competencia con la patronal ACEA de Vicenç Vicente Lázaro.

Investindustrial, que funciona como una sociedad de capital riesgo, tiene fuertes intereses en Catalunya, donde actualmente es propietaria de Port Aventura y participa en el proyecto BCN World. Pero los Bonomi tienen la mala fama de ser unos especuladores sin escrúpulos. Los accionistas de Picking Pack que perdieron la camisa todavía maldicen esta familia italo-catalana. Otra importante compañía del sector de las ambulancias que se ha presentado al concurso convocado por la consejería de Salud es la andaluza Servicios Sociosanitarios Generales (SSG), que se postula a cinco de los 13 lotes territoriales. Catalunya figura en los ambiciosos planes de expansión de esta empresa sevillana y, para poner un pie, ha cerrado un acuerdo con la empresa fabricante de ambulancias Bergadana.

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