Tras los ayuntamientos de L’Ametlla de Mar y Ascó, el de Torredembarra. El escándalo de la consultora Efial se extiende como una plaga por el territorio y ya son tres los juzgados que investigan las actividades de la empresa de Toni Martos: los de Tortosa, Gandesa y El Vendrell.
La espectacular entrada y registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Torredembarra, el pasado día 26 de junio, se ha saldado, de momento, con el ingreso en prisión sin fianza del alcalde de la localidad, Daniel Masagué, y la imputación de seis concejales y dos empresarios. Los delitos que se atribuyen al alcalde son múltiples: prevaricación, derroche de recursos públicos, organización criminal, blanqueo de dinero, tráfico de influencias, cohecho, alteración de concursos públicos y falsificación de documentos.
Cómo en el caso de L’Ametlla de Mar, una de las líneas de investigación arranca con una denuncia presentada a la Oficina Antifraude, por parte del secretario municipal, por la contratación a dedo de la consultora Efial. A pesar de el secreto de las actuaciones sumariales, ha trascendido que el Ayuntamiento pagaba unos honorarios de 18.000 euros al mes a la empresa de Toni Martos para asumir funciones propias de la administración local.
Efial es una empresa con sede en Barcelona que está especializada en apoyar y asesorar a las corporaciones públicas, en especial a los ayuntamientos. Su actuación está rodeada de polémica por dos motivos: porque supone, de facto, la privatización de aspectos muy sensibles de la gestión municipal, como las finanzas o el urbanismo, de espaldas al control democrático; y por la vinculación orgánica de su máximo responsable, el economista Toni Martos, con la sociedad andorrana OCPS Auditores y Consultores.
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