Hace tres meses y medio que José Luis Fernández -venezolano de origen español- y la manchega Yolanda Lara siguen encarcelados en el país latinoamericano por orden del Gobierno de Maduro acusados de ser cómplices de un «intento de magnicidio«. El ejecutivo los acusa de intentar matar al presidente del estado agrícola de Yaracuy, donde viven desde hace tres años, y donde fueron detenidos cuando participaban en una protesta que quemaba neumáticos.
Desde entonces su vida, según relataban en un reportaje elaborado hace dos semanas por ‘El Mundo’, ha sido un infierno. Y desde entonces, casi no llega información sobre su estado.
Acusados de dirigir una banda que operaba con el objetivo de matar a los dirigentes venezolanos, su caso, que ya casi no sale en la prensa ni en las redes, queda en manos del jefe de la diplomacia española, quien asegura que trabaja para que acabe pronto su pesadilla.
Fernández, que trabajaba de publicista ‘freelance’ con su mujer, sigue encerrado en un habitáculo compartido con 30 reclusos, en un centro donde el año pasado murieron medio millar de presos.
«Nosotros no hicimos nada, sólo protestar un poco. Ni mucho menos estaba en nuestro pensamiento hacer daño a nadie», añadía el preso. Su mujer continúa encerrada en Caracas, en una celda del Servicio de Inteligencia Bolivariano, mientras espera que lo expulsen en España.
