Cuando en verano del año pasado el Síndic de Greuges anunció que cerca de 50.000 niños y niñas de Catalunya sufren restricciones alimentarias por falta de recursos familiares, el Gobierno reaccionó rápidamente para intentar desmentir el dato. Hace dos semanas, justo antes del Pleno sobre la pobreza, el Ejecutivo adoptó la misma actitud de rechazo para afrontar el problema. Su portavoz, Francesc Homs, avanzaba que la Generalitat no destinaría ni un euro más de lo que había presupuestado para luchar contra el hambre.
No es de extrañar, pues, que el Pleno monográfico acabara sólo con un par de parches: ampliar hasta final de año el periodo de carencia para las familias que no pueden pagar los recibos, y sufragar el 100% de las becas comedor.
Después de seis años de crisis, dos de cada diez catalanes se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. UGT explicaba esta semana que unos 515.000 catalanes con trabajo viven por debajo del umbral de la pobreza, un 17,5% más que en 2008.
Ante esta situación, representantes de entidades sociales, sin voz en el Pleno por el veto de la Mesa, han hecho un llamamiento este martes a utilizar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una renta garantizada de ciudadanía, como primer instrumento para combatir el auge de la desigualdad.
Todas las voces representadas en las entidades sociales han pedido al Gobierno que concrete acciones de lucha contra la pobreza. Lluís Rabell, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, ha lamentado el «discurso de liberalismo compasivo» con que CiU afronta la iniciativa cuando habla de la cultura del subsidio.
