La adjudicación de los servicios de vigilancia exterior a empresas privadas de seguridad. La polémica Ley sobre seguridad privada que se está tramitando en las Cortes –actualmente ha pasado a ser discutida en el Senado- contempla una gran ampliación de las competencias de los «seguratas», que también estarán habilitados para ocuparse de la vigilancia perimetral de las prisiones. Las empresas privadas de seguridad se frotan las manos ante las nuevas expectativas de trabajo y de contratos que se les abren.
En Catalunya, la Generalitat gestiona 11 centros penitenciarios que, cuando se apruebe la ley que ha impulsado Jorge Fernández Díaz y que cuenta con el apoyo parlamentario de CiU, pasarán a ser vigilados por empresas privadas. En previsión de este «pastel» a repartir, ya se están detectando movimientos en la consejería de Justicia y su titular, Germà Gordó, ha empezado a mover ficha para que no se le escape el control de estas futuras adjudicaciones.
Como prueba piloto, el ministerio del Interior ya ha contratado el servicio de vigilancia de 21 prisiones del Estado español a un total de ocho empresas privadas (Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa). Según denuncian los sindicatos policiales, el precio que paga el ministerio por este servicio es muy superior al que cobran los policías y guardias civiles que hasta ahora se encargaban de estas tareas de vigilancia.
Habrá que estar atentos. Y es que a menudo hay más delincuentes afuera que adentro…
