Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) supedita toda su estrategia a la consulta independentista y por ello vota en el Parlament de Catalunya resoluciones que atentan contra derechos fundamentales de la persona. Las filtraciones de Anonymous sobre las actividades ilegales del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), organismo creado en 2009 para garantizar la protección de las telecomunicaciones de la Generalitat, son muy preocupantes.
Desde ese centro, ubicado en Reus, se han «monitorizado» -por decirlo suavemente- a periodistas, organizaciones, activistas de los movimientos sociales e, incluso, a dos diputados del Parlamento de Cataluña: Anna Simó (ERC) y David Fernàndez (CUP). La lista de seguimientos telemáticos efectuada por el Cesicat en los últimos tres años es muy amplia y está ligada a movilizaciones ciudadanas, como por ejemplo la campaña contra los peajes, las acciones contra los desahucios que hace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o las protestas contra la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona.
Medios de comunicación
Entre los afectados hay varios medios de comunicación de izquierdas (La Directa, L’accent, Diagonal…); periodistas como Albert Martínez, Manu Simarro y Jordi Borràs; la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); organizaciones sindicales como la CGT o el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans; partidos independentistas como Endavant-OSAN o Arran; conocidas activistas sociales, como Esther Vivas o Aitz Cirbián; la plataforma del 15-M, etc. El Cesicat no sólo seguía y clasificaba sus comunicaciones en las redes sociales. También elaboraba «dossieres» con datos, como por ejemplo el teléfono móvil, la IP, el domicilio particular.., de muchos de los investigados.
Se trata de un escándalo monumental que ya ha sido denunciado por el PSC a la Fiscalía. Por su parte, PP y UPyD también han llevado al ministerio público los documentos filtrados que hacen referencia al proyecto de creación de una Agència Nacional de Seguretat de la Generalitat -con atribuciones parecidas al CNI- a partir del Cesicat. Las organizaciones Arran y Alerta Solidària han puesto los hechos en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos.
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