Los consejeros de sanidad de la Comunidad de Madrid durante el mandato como presidenta de Esperanza Aguirre, Juan José Güermes y Manuel Lamela, serán investigados por el juez, que ha rechazado el recurso presentado contra el auto de admisión de la querella presentada por prevaricación, cohecho y malversación de fondos.
Marcelino Sexmero, titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, ha desestimado el recurso y mantiene la instrucción sobre el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña. En el caso también están siendo investigadas las empresas que supuestamente se habrían beneficiado del proceso, Asisa y Unilabs.
La denuncia fue presentada por la asociación de médicos Afem contra el proceso de privatización de los hospitales públicos, iniciada en 2003, por la cual están imputados, además de Lamela y Güermes, dos altos cargos del Gobierno autonómico y cinco representantes de las empresas que se habrían beneficiado del proceso de privatización.
El magistrado reconoce en este último auto que «el escrito de querella debería haber sido más claro en el relato de los hechos e imputaciones», pero considera que pese a ello la información aportada recoge «hechos que pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se imputa estos hechos».
El magistrado resume el caso en que «del mismo modo se imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como el Sr Güemes y el Sr Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que imputa en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas empresas como el propio Burgüeño Carbonell que participó en su día en la creación del «modelo Alcira» en la Comunidad Valenciana o José A. Azofra , director médico del hospital Infanta Elena de Valdemoro y a la vez coordinador de M.I de la Fundación Jiménez Díaz (Capio) a donde se derivan pacientes desde centros públicos de manera interesada según la querella y ajena al interés público y al servicio de salud».
