En la España del último Borbón nunca hubo democracia. Prueba de ello es que no existió en modo alguno la separación de poderes y, consecuentemente, se fue reinstaurando poco a poco la censura. En la actualidad la prensa y más concretamente el periodista han perdido autonomía lo que choca con su propia esencia porque el ‘cuarto poder’ solo puede funcionar cuando ambos son absolutamente independientes. Ningún medio debiera estar al arbitrio del Gobierno o al servicio del capital puesto que todos los redactores y cronistas han de ser libres, autónomos e independientes. Solo así la prensa puede realizar su auténtica y principal función, denunciar las violaciones de los derechos fundamentales que se produzcan. Justo al revés de lo que ocurrió durante la dictadura en la que los mandamases del Ministerio de Información y Turismo aplicaban la censura previa a toda actividad cultural, y prohibían la difusión de los documentales o noticiarios cinematográficos privados para que no compitieran con el NO-DO, el único informativo entonces autorizado, producido por el propio sistema. Ahora el ejecutivo de Rajoy quiere convertir la tele en una empresa periodística unipersonal al servicio del Estado.
A medida que fue avanzando la mal llamada democracia, se fue produciendo una pérdida de la eficacia y contenido del ‘cuarto poder’ porque, aún no existiendo una censura oficial en el estado español –la Constitución la abolió- el sistema fue integrando nuevas formas de tachar y reprobar. La repulsa gubernamental a periódicos, libros o películas, adquirió nuevos perfiles y nuevas técnicas. Cada editorial estaba en manos de determinados intereses económicos, publicitarios, ideológicos que limitaban o coartaban la libertad de sus informadores y columnistas, y la prensa que se proclamaba a si misma ‘independiente’ dejaba de percibir subvenciones. Estas consideraciones vienen a cuento por algunas reseñas aparecidas en los medios que pueden resumirse en un solo titular: ‘El Gobierno de Rajoy amenaza a la Sexta por su ‘abusiva’ hostilidad’.
El procedimiento aunque en apariencia parezca rebuscado es muy simple. El ejecutivo del PP se apoya en el acuerdo que el Tribunal Supremo declaró nulo durante el mandato de Rodríguez Zapatero mediante el cual, el Gobierno, había concedido cuatro canales de TV a las principales empresas comerciales del país. A esto debemos añadir los obstáculos que puso la Comisión Nacional de la Competencia para impedir la fusión de ‘Antena tres’ con ‘La Sexta’, un enlace sorprendente aplaudido por Rajoy. (Lo califico de sorprendente por unificar una cadena de derechas, ‘Antena tres’, y otra radicalmente opuesta como es ‘La Sexta’). Pero la pretensión del ejecutivo no era otra que silenciar o cuanto menos amortiguar las opiniones -para muchos, antisistema- de grandes profesionales como ‘El gran Wyoming’, Jordi Évole, Antonio García Ferreres, Mamen Mendizábal, Iñaki López o Ana Pastor. Actualmente José Manuel Soria, ministro de Industria está negociando la retirada de los programas más radicales contra el PP con los grupos más potentes, los más destacados como líderes de audiencia: ‘Antena tres’ y ‘La Sexta’ de una parte y ‘Telecinco y Cuatro’ de otra.
Los resultados de esta nueva censura por parte del Gobierno no se hicieron esperar. Cayó ‘El gran debate’, el programa conducido por Jordi González en ‘Telecinco’ y se atenuaron las actuaciones de Jordi Evole en ‘La Sexta’. Toda esta ignominiosa y secreta actuación del ejecutivo me recordó el preámbulo de la ley de prensa de Serrano Suñer el cuñadísimo del dictador: ‘No puede perdurar un sistema que consienta la existencia de un ‘cuarto poder. No puede admitirse que el periodismo continúe viviendo al margen del Estado. No pueden tolerarse mayores males provenientes de las libertades democráticas. No debe existir la libertad de prensa: las empresas periodísticas tienen que estar siempre al servicio del interés del Estado mediante la existencia de organizaciones a su servicio. No pueden propagarse los daños de una prensa sectaria y antinatural contraria a la empresa de devolver a España su rango de Nación unida, grande y libre’.
Para Franco, la libertad de prensa de la República era un serio inconveniente para gobernar. Anheló siempre controlar lo incontrolable, la opinión popular. Tenía que ocultar todo aquello que impidiese la exaltación de su régimen y como uno de sus mayores enemigos era la libertad de prensa, implantó una censura rígida, pétrea, tenaz y descerebrada para desinformar a sus súbditos y ensalzar a los políticos del Movimiento. Llegó a quemar libros de ideas marxistas, liberales, separatistas o simplemente novelas de cariz abierto o libertino. De esta forma, el Caudillo preservaba al pueblo de informaciones non gratas para el sistema y le salvaguardaba asimismo del pecado mortal. Ahora Rajoy y sus ministros de opereta practican la misma actividad desde que el affaire Bárcenas puso en evidencia el daño que podían infringirles televisiones y periódicos que consideraban neutralizados.
Los primeros atisbos de una censura ‘light’ se practicaron mediante la aparición de topos impuestos por el PP en las tertulias radiofónicas y televisivas. El mejor ejemplo es Paco Maruhenda, director de ‘La Razón’, cuya misión principal es la de interrumpir o hablar por encima de los tertulianos cuando estos exponen argumentos en contra del PP o del Gobierno y, de esta manera, impedir su audición. Otra de las formas más corrientes de censura consiste en una simple llamada telefónica. El burócrata en cuestión indica al periodista que «tu artículo va en contra de la ‘política editorial’ o que, durante unos meses, por necesidades del servicio, no vas a salir por televisión«. Simplemente se abstienen de llamarle. La política editorial es una expresión semántica de la palabra ‘censura’. Es una torpe e hipócrita manera de expresar que el artículo es demasiado agresivo o que no interesa que se critique a determinados políticos, aunque la mayoría de las veces la causa va mucho más allá. Pero la palabra «censura» no puede pronunciarse en ningún medio de comunicación. Oficialmente no existe.
Sin embargo el periodismo es, al igual que el teatro o la dirección de películas ‘de autor’, una profesión difícil por su carácter bivalente de reflexión y acción. Convertir su ejercicio en una burocracia es tan absurdo como constituir un sindicato de advenedizos de la pluma o de famosillos de la televisión. Con el poder absoluto recuperado por el rey Borbón llegó la ‘interdicción o muerte civil’, una nueva forma de censura mucho más sutil, más cruel, más hipócrita y más arbitraria que la franquista; una práctica totalitaria ajena por completo a todos los esquemas y principios que sostienen e ilustran los Estados democráticos, para dejar a los periodistas díscolos fuera de combate. La practican políticos, a veces de izquierdas, que niegan el pan y la sal a los periodistas insurrectos prohibiendo su aparición en los medios controlados por esos próceres de la ignominia, en los que hasta entonces habían colaborado, o escribir en los periódicos.
La más reciente y espuria forma de censura del sistema ha sido la utilización de la justicia en contra de un juez. El sindicato ultraderechista ‘Manos limpias’ ha denunciado a la Audiencia de Barcelona a Santiago Vidal, magistrado de una de sus secciones, ‘por haber cometido una falta muy grave al explicar los pasos que Catalunya debe seguir para ser reconocida por Estado’. Si repasan la entrevista observarán que, Vidal, en modo pronunció un discurso baladí ni mucho menos contestatario. El juez se refirió a la jurisprudencia internacional sobre varios procesos de independencia manifestando, en síntesis, que ‘la legalidad se puede cambiar mientras que la legitimidad permanece siempre igual’. Sin embargo ‘Manos limpias’ y, por ende, Rajoy, consideran que el magistrado infringió el artículo 536 de la Constitución que se refiere al ‘incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la opinión pública’ como si la Carta Magna fuera inamovible y no se pudiera modificar.
Se avecinan malos tiempos, tal vez peores de los que me tocó vivir durante la dictadura, por eso lanzo un mensaje de esperanza a los jóvenes cantautores, periodistas, cineastas o dramaturgos que puedan ser víctimas de la censura. La palabra es un arma implacable para luchar contra las injusticias sociales, las leyes torticeras, la desigualdad, la estupidez, los fascismos, las guerras y la ignorancia. Es preciso, eso si, cargarla con dinamita. La literatura, la prensa, el teatro y el cine tienen que defender la verdad, la felicidad y la vida, y combatir, la adulación, la censura y la mentira. Tienen que hacerlo propugnando ante todo una defensa a ultranza de la libertad, la única ley que solo puede ser derogada por una libertad mayor.
