El Gobierno español del partido que tiene sobre sus espaldas numerosos casos de corrupción -en que hay implicados varios miembros y exdirigentes del Partido Popular (PP)- ha aprobado un informe con un total de 40 medidas para luchar contra la corrupción. Casos como el de los papeles de Bárcenas, Gürtel (Madrid y Valencia), Palma Arena (Baleares) o el caso Cooperación (Valencia) son algunos ejemplos claros de la corrupción que afecta a las filas populares.
Con este escenario la vicepresidenta y portavoz del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado este paquete de 40 medidas para hacer frente a la corrupción, aprobado por el Consejo de Ministros este viernes. El informe ha sido redactado por una comisión de expertos.
Entre las iniciativas destinadas a luchar contra la lacra de la corrupción hay la creación de una nueva figura delictiva de financiación ilegal de los partidos. Precisamente, el caso Bárcenas gira alrededor de una supuesta financiación ilegal del PP a través de pagos recibidos por parte de grandes constructoras y empresas como Mercadona de Juan Roig, según publicó El País.
Sáenz de Santamaría también ha dicho que entre las medidas se contempla el endurecimiento de las penas por corrupción. Una situación que contrasta con decisiones como la tomada por el Tribunal Supremo el pasado julio, cuando rebajó de 6 años a 9 meses la condena a Jaume Matas. El expresidente del Gobierno balear fue condenado por la Audiencia Provincial de las Baleares, en marzo del año pasado, al considerarse probado que intervino en la contratación irregular por parte del ejecutivo autonómico del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos.
Hay que destacar de las 40 medidas la prohibición de usar tarjetas de crédito en los gastos de representación y la voluntad de regular la figura del responsable económico y financiero de los partidos. Según este plan contra la corrupción, los tesoreros tendrán que comparecer anualmente en el Parlamento y presentar de forma obligatoria las cuentas del partido al Tribunal de Cuentas. La figura de Bárcenas pesa mucho, y las contradicciones también.
