Ninguno de los 1.661 corruptos que actualmente están siendo investigados por 800 jueces españoles se pudrirá en la cárcel. A lo sumo permanecerán en ella como presos preventivos durante periodos de corta duración si así lo preceptúa el juez instructor. A los magistrados que instruyen los casos de políticos corruptos, banqueros depravados o chorizos de cuello blanco en general, se les llama ‘jueces estrella’ cuando en realidad debieran calificarse como ‘víctimas propiciatorias del sistema’. A la primera de cambio a instancias del Ministro de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial les impone sanciones que el Tribunal Supremo ratifica para erradicarles de sus funciones. En otras ocasiones es el propio ministerio fiscal quien formula contra ellos, como en el caso del juez Elpidio Silva, querellas criminales por prevaricación, retardo malicioso en la administración de Justicia o contra la libertad individual por haber encarcelado preventivamente a banqueros como Miguel Blesa. Al juez Garzón se le apartó de sus labores judiciales por causas ajenas a lo hechos denunciados por el sindicato fascista ‘Manos limpias’ erigido en justiciero de la moralidad, el orden y la paz social.
Admiro el valor y la constancia de José Castro, juez instructor nº 3 de Mallorca, a quien el ejecutivo le impide con sus espurias maniobras citar a declarar como imputada a la señora de Urdargarín, la infanta Cristina de Borbón. Castro instruyó el ‘caso Jaume Matas’, condenado en instancia a 6 años de prisión que el Tribunal Supremo ha reducido recientemente a 9 meses de cárcel, pena que no cumplirá al no sobrepasar los dos años de condena. Me maravilla que Pablo Ruz, juez no titular del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, siga investigando el ‘caso Gürtel’, con pasos lentos pero inequívocos, enfrentándose abiertamente al Ejecutivo de Rajoy en un intento de acreditar la veracidad del contenido de los papeles de Bárcenas. Me asombra la dedicación y constancia de Mercedes Alaya, la titular del Juzgado nº 6 de Sevilla, que hasta hoy tramita el caso de los ERES fraudulentos de Andalucía, aunque según algunas fuentes no confirmadas ha sido sustituida recientemente por el juez Enrique Iván Escalera. Quedan muy pocas ‘víctimas propiciatorias’: Fernando Andreu, Javier Gómez Bermúdez, Mari Paz Benito, Santiago Pedráz, Teresa Palacios, o Ismael Moreno.
Los jueces saben que la justicia no es independiente. Los que administran la justicia han llegado a la conclusión de que, en la práctica, no existe la división fundamental entre los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial-, piezas angulares de todo régimen de garantías, lo que significa que dependen de los que mandan. Se han percatado de que carecen de poder, es decir de capacidad de decidir. Aún así 800 jueces españoles investigan la vida y milagros de 1.661 políticos corruptos. Lo hacen porque les ha correspondido la instrucción por razones de competencia territorial o de jurisdicción. El prestigioso rotativo ‘The New York Times’, ha denunciado en portada esta situación. El contenido del artículo toma como referencia el proceso de la ex-alcaldesa de La Muela, Mª Victoria Pinilla, la instrucción del caso Urdangarín, la causa del aeropuerto sin aviones de Carlos Fabra y los famosos sobresueldos que Rajoy y otros miembros de su gobierno ‘recibían por debajo de la mesa’.
Pero mientras el Reino de España sea, como es en la práctica, un estado bipartidista ningún político expiará sus escabrosos delitos en la cárcel. El sistema para perdonar a los corruptos tiene varias secuencias. La dilación de las instrucciones es la primera. Cuando las causas llegan a ‘juicio oral’ los delitos ya han prescrito. Pero si el paso del tiempo no los ha condonado y son condenados, el Gobierno les indulta como ha venido sucediendo hasta ahora. Hace un par de días el periodista Melchor Miralles desveló en el programa ‘Te vas a enterar’ de ‘La Cuatro’, la existencia de un pacto entre los dos grandes partidos que lideran el rumbo de la política española, el PP, el PSOE y la CEOE. Un pacto canalla que me hizo estremecer. Pretenden que todas las causas abiertas contra políticos corruptos se cierren antes del 15 de noviembre de 2015, a fin de que el Rey, en conmemoración de los 40 años de su coronación, decrete un ‘indulto general’. Esta es una de las razones por las que es preciso promover desde abajo un nuevo proceso constituyente, generar unas elecciones generales, elegir una asamblea parlamentaria popular que redacte una nueva Constitución y poner a referendo el mantenimiento de la monarquía o la reinstauración de la República. Es preciso erradicar la falsa democracia actual que se materializa en un sistema perverso y discriminatorio para los débiles frente a los poderosos.
