El conseller de Presidencia de la Generalitat, Quico Homs, tiene hoy una papeleta difícil en la rueda de prensa subsiguiente a la reunión del Consell Executiu. Deberá explicar cuál es la decisión del Gobierno catalán ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que, el pasado viernes, ratificó la nulidad de la adjudicación al consorcio dirigido por la empresa Acciona (Entrecanales) de la privatización de la empresa pública Aguas Ter – Llobregat (ATLL).
Se trata de la mayor operación de privatización acordada por el gobierno de Artur Mas, que supuso unos ingresos a las exhaustas arcas de la Generalitat de 1.300 millones de euros (300 millones «cash» y los mil restantes, diferidos a 50 años pero contablemente activados a finales de 2012 para reducir el déficit). Esta decisión fue anulada por la OARCC, el organismo de vigilancia de la Unión Europea, y posteriormente corroborada por dos sentencias del TSJC.
La gran perjudicada por esta polémica adjudicación fue la empresa catalana Agbar (participada por Suez y «la Caixa»), que acudió al concurso en compañía de la entidad financiera Caisse de Dêpots, que gestiona los fondos de pensiones de los funcionarios del Quebec. Si, como se presume, el gobierno catalán opta por la táctica de la «patada a seguir», enviando la última sentencia del TSJC al Tribunal Supremo, Artur Mas incurrirá en una doble incoherencia:
* De un lado, «refugiarse» bajo el paraguas del españolísimo Tribunal Supremo, «bicha negra» recurrente de los soberanistas que gobiernan la Generalitat para alimentar el discurso secesionista
* Del otro, dar un nuevo bofetón a sus amigos nacionalistas del Quebec, que habían acudido a la privatización de la ATLL con la esperanza que los «hermanos» catalanes aceptarían de buen grado su presencia en la oferta compañía de Agbar
De momento, la controvertida adjudicación de la ATLL a Acciona ya se ha cobrado dos víctimas políticas: el que fuera conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, y el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Lleonard Carcolé.
Cabe señalar que la resolución del TSJC establece que la nulidad del concurso es ejecutiva, a pesar de que la Generalitat presente un recurso al Tribunal Supremo, y, por consiguiente, Acciona –muy castigada por la reciente reforma del sistema eléctrico aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy– se queda sin el suculento negocio del abastecimiento de agua al Área Metropolitana de Barcelona. ¿Qué dirá el lenguaraz Quico Homs ante esta envenenada cuestión, donde se sospecha que las comisiones «ad hoc» han corrido… como el agua?
