Un «caso de libro». Con esta contundencia se ha expresado el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, sobre el caso del presidente del grupo Serhs, Ramon Bagó, y su mezcla de intereses públicos y privados. De Alfonso se ha expresado así en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario, en el Parlament de Catalunya.
Caso Ramon Bagó
Si un caso ha llenado páginas los últimos tiempos sobre la mezcla de intereses en el ámbito público y el privado, este es Ramon Bagó. En su faceta de expresidente del Consorcio de la Salud y Social de Catalunya (CSC), y de líder y fundador del Grupo Serhs ha demostrado cómo se puede usar el consorcio público para contratar servicios de su holding. Una mala práctica que un extenso informe de la OAC denunció, considerando un delito el cúmulo de adjudicaciones que beneficiaron los negocios de Bagó.
El director de la OAC ha afirmado sin tapujos que Bagó «ha incumplido la ley de incompatibilidad» con su concurrencia de cargos públicos y privados, pero ha añadido que no le corresponde a su organismo determinar si es delito. En este sentido, ha recordado que la OAC ha hecho la investigación pertinente, y después trasladó sus conclusiones al Fiscal Superior de Catalunya. Este, posteriormente, derivó estas investigaciones a la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona.
Contratos millonarios
Ramon Bagó se ha movido muy bien en las dos facetas, la pública y la privada. Por un lado ha sido un gestor de la sanidad pública durante 20 años en que ha intervenido en numerosos centros sanitarios financiados por la Generalitat, gracias a su posición al frente del Consorcio de Salud y Social de Catalunya. Y por otro lado, su papel como ‘alma mater’ del Grupo Serhs, un conglomerado de empresas con más de 2.000 trabajadores. Entre 2002 y 2011 sus empresas captaron 50 millones de euros de fondos públicos a través del CSC, según publicó El País y la revista CafèambLlet.
Un ejemplo de este conflicto de intereses es el caso del Centro Integral de Salud (CIS) de las Cotxeres de Borbó. En este caso, según denunció la CUP, Bagó habría utilizado su cargo como consejero de la empresa pública encargada de adjudicar contratos al CIS de las Cotxeres de Borbó para beneficiar sus negocios del grupo Serhs. Concretamente, se adjudicó a su holding el servicio de cocina de este centro público desde 2011, por un importe de 4,61 millones de euros.
El informe de más de 8.000 páginas de la OAC también ponía sobre la mesa varios contratos adjudicados al Grupo Serhs en otros centros sanitarios. Es el caso de la asignación de contratos para la remodelación de las cocinas de los Hospitales de Calella y Blanes, así como la reforma de la cafetería del Hospital de Calella. Una operación valorada en 2 millones de euros.
El día que compareció en la comisión de investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario, Ramon Bagó negó de forma tajante que hubiera beneficiado a sus empresas desde su posición de vicepresidente del CSC. Lo hizo con un tono vehemente y echando pelotas fuera, y criticando a los medios de comunicación que han denunciado sus incompatibilidades apuntadas por la OAC.
