«Nadie podrá probar que no son inocentes», aseguró Mariano Rajoy sobre Luis Bárcenas y Ricardo Galeote en 2009. Ahora, el presidente del Gobierno ha cambiado su discurso y acusa al ex tesorero de su partido de intentar chantajearle. La declaración de Bárcenas ante el juez ha dejado en evidencia al Partido Popular, al reconocer por primera vez la autenticidad de los documentos publicados por El País en los que se recoge la financiación B del partido.
Bárcenas ha ofrecido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz importantes cantidades de documentos con los que pretende demostrar que el PP se ha financiado de manera ilegal desde los «tiempos de Naseiro«, quien fuera tesorero del partido entre 1987 y 1990. Es decir, durante más de 25 años.
Según han señalado asistentes a la declaración de Luis Bárcenas ante el juez, éste ha explicado que Rajoy recibió, en billetes de 500 euros, sobresueldos entre los años 2008 y 2010. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, también habría cobrado en dinero negro cantidades próximas a los 25.000 euros anuales, según Bárcenas, quien ha añadido que «ni a los donantes ni a los receptores se les exigían ‘recibís'», por lo que no puede probar estas acusaciones.
El dinero con el que se pagaba a los altos cargos del partido provendría de las comisiones que pagaban importantes empresarios españoles al PP a cambio de concesiones. Entre los señalados por Bárcenas como beneficiarios de estas contratas está Juan Miguel Villar Mir, ex presidente del Real Madrid y propietario de la constructora OHL, entre otras empresas.
Precisamente, María Dolores de Cospedal negó «tajantemente» a principios de año que existieran sobresueldos en ‘dinero B’ dentro del Partido Popular y aseguró en la misma rueda de prensa que «en este partido quien la hace la paga». «Cada uno aguante su vela y cada uno es responsable de sus propios actos», añadió la dirigente del PP a quien, como al resto de miembros de la cúpula de su partido, se le pide la dimisión desde la calle.
Desde el PP se mantiene la estrategia de desmentir las acusaciones que no se pueden probar, como los sobresueldos a los máximos dirigentes del partido, aunque otros lo hayan reconocido. Lo que no se ha señalado es si devolverán el dinero percibido en caso de que se demuestre que se obtenía a cambio de contratos públicos.
