«No quiero que los sindicatos se enteren de las novedades por parte de terceros, quiero hacerlo personalmente y asistiré», ha dicho Simó, que ha asegurado que los sindicatos la tendrán «a su lado» y que hablan «de varias cuestiones». Con todo, ha señalado que no puede concretar qué reversión de los recortes se puede hacer sin tener los escenarios presupuestarios de 2024.

A parte, la consejera de Educación ha avanzado que ha pedido al presidente del Consejo Escolar comparecer y también pedirá hacerlo en el Parlament para hablar del inicio de curso. La voluntad, ha dicho, es llegar a grandes acuerdos y que cada paso se haga «desde el consenso».

Simó ha dicho que los objetivos principales son la mejora de la calidad del sistema educativo, continuar con la reducción de ratios iniciada hace dos años, luchar contra la segregación escolar, reducir el abandono y mejorar las competencias básicas. También ha destacado que el curso empezará con más docentes -1.200 más- a pesar de haber 8.000 alumnos menos a causa de la bajada demográfica.

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El presidente de la entidad, Gonzalo Gamboa, ha señalado que el problema es que el Departamento de Educación de la Generalitat no proporcionará hasta enero de 2024 los barracones que prometió a este centro, considerado de alta complejidad, para el que ya se había previsto un incremento de los alumnos desde 2020.

Actualmente, según recoge la ACN, la escuela instituto ya tiene dificultades y Gamboa alerta de que se están utilizando espacios como la sala de profesores, la biblioteca o el comedor como aulas de desdoblamiento, por lo que la AFA reclama la Generalitat que instale los módulos lo antes posible para que el curso pueda empezar con normalidad y no se perjudique el proyecto educativo del centro.

Sin embargo, desde la entidad aseguran que Educación sólo les ha ofrecido la posibilidad de adecuar otros espacios, como el aula de tecnología, el laboratorio, el gimnasio o el comedor, para dar cabida a los estudiantes nuevos.

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El sindicato considera que se trata de un incremento «desproporcionado» que beneficiará a las empresas adjudicatarias del servicio de comedor, que ven así ampliado su margen de beneficio, en detrimento de las economías familiares.

CCOO, además, ha criticado que Educación no ha tenido en cuenta las necesidades del personal de ocio educativo y ha exigido un incremento salarial superior para este sector, acompañado de una mejora de las condiciones laborales.

En concreto, la responsable del sector de Ocio Educativo y Sociocultural de la Federación de Educación de CCOO, Cristina Broto, ha lamentado que el encarecimiento del comedor escolar «sólo sigue los criterios de las empresas de ocio educativo sin tener en cuenta a los trabajadores y trabajadoras del sector ni tampoco las familias».

Asimismo, ha exigido a la Generalitat una regulación más clara del funcionamiento de los comedores y «políticas públicas para que ese aumento de precio no recaiga sobre las familias».

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USTEC ha hecho llegar este informe a la secretaria general de Función Pública y ha exigido el traspaso de plazas desde el concurso de oposición hacia el concurso de méritos, así como iniciar la negociación de un pacto de estabilidad que garantice que ningún interino pierde su trabajo, de forma que se minimicen los impactos que el real decreto estatal ha generado. El sindicato también ha asegurado que continuará luchando para que los procesos de estabilización sean “más justos” y con más plazas, y sobre todo para que salga adelante el pacto de estabilidad que, desde su punto de vista, es la herramienta esencial para que todos los interinos docentes puedan conservar el trabajo.

Por su parte, la CGT ha destacado en un comunicado que «cerca de 16.000 personas con más de 3 años de experiencia han quedado fuera del Concurso de Méritos», hecho que supone «un 50% de las docentes interinas temporales en fraude de ley (de estas, unas 6.000 docentes con más de 6 años en abuso de temporalidad)». Además, ha señalado que el proceso «está lleno de claras irregularidades» como errores en los tribunales, donde «en muchos casos se han dejado de contar expedientes académicos, titulaciones y experiencia laboral»; y errores en el aplicativo, donde se «cuenta puntuación de expediente en casi todas las especialidades presentadas, menos en la que te correspondería entrar».

La CGT también ha alertado de que «hay funcionarios que han conseguido plazas en el mismo cuerpo y no se podían presentar» y ha señalado que, «a todo ello, se suma la presión por el proceso de las oposiciones de estabilización (14.238 plazas) al cual estas compañeras están abocadas para poder estabilizarse». «El mismo problema se resuelve de dos maneras diferentes, siendo el Concurso de Méritos una solución tan solo para el 50% de las afectadas», lamenta el sindicato, que añade que «a 45 días de la convocatoria, no se conoce la lista definitiva de personas admitidas y excluidas». «Pedimos que Función Pública y el Departamento de Educación traspasen plazas al Concurso de Méritos y estabilizar, como mínimo, a los miles de personas con más de 6 años de antigüedad», concluye la CGT.

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El sindicato ha remarcado que la comunidad educativa hace tiempo que denuncia «la falta de recursos para la educación inclusiva, las altas ratios de alumnos por grupo-clase, la falta de respuesta planificada al impacto del cambio climático en las aulas o una desconsideración absoluta hacia el ocio educativo».

Comisiones Obreras pide al ejecutivo de Pere Aragonès que se deje de «medidas oportunistas» y concierte con los agentes sociales medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, recordando la Iniciativa Legislativa Popular (*ILP) que reclama la inversión del 6% del PIB en educación.

El sindicato ha añadido que incluso la concreción de esta propuesta «no tiene sentido» porque se excluye al alumnado de secundaria obligatoria y se hace al margen de los proyectos de centro que intentan hacer planteamientos cooperativos del material.

Comisiones concluye que «el departamento (de Educación) y el gobierno (catalán) no pueden actuar saliendo con excentricidades», y pide invertir estos 50 millones de euros en medidas «que inciden realmente en la lucha contra las desigualdades educativas y la mejora de la calidad educativa».

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El relevo, según ha explicado la secretaria general de Educación, Patricia Gomà, ha sido una decisión acordada con el responsable del centro que no se hará efectiva hasta el próximo curso. El director, de hecho, había anunciado su dimisión esta semana y, según fuentes de la comunidad educativa citadas por El Periódico, ya tenía previsto jubilarse antes de lo sucedido.

«Tanto el director como el Departamento pensamos que es una medida positiva que sirve para dar un cambio y un respiro a una comunidad educativa y a un instituto que están muy desquiciados», ha manifestado Gomà, que también ha anunciado que se han terminado siete expedientes encargados para esclarecer las circunstancias del caso, que se entregarán en el juzgado este jueves.

Una de las gemelas murió y la otra ingresó en estado grave en el hospital Parc Taulí de Sabadell después de haber saltado juntas el pasado mes de febrero.

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La portavoz del sindicato USTEC-STEs, Iolanda Segura, denuncia la «poca voluntad negociadora» del Departamento de Educación que dirige Josep Gonzàlez-Cambray. La portavoz sindical, a pesar de que reconoce un acercamiento de posiciones con Educación, lamenta el «cariz impositivo» del departamento.

Iolanda Segura explica que los maestros renuncian a pedir la derogación del calendario escolar, con el cual muestran discrepancias, pero quieren negociar las condiciones de la aplicación de este calendario. Segura, en declaraciones al Cafè d’idees de RTVE, dice que Educación ha querido aplicar «sí o sí» su «programa transformador», a pesar de tener «toda la comunidad educativa en contra». Segura ve la coincidencia de las huelgas de sanidad y educación como una defensa de los servicios públicos.

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Para el titular de Educación «la ciudadanía no entenderá nuevas movilizaciones al sistema educativo». Gonzàlez-Cambray, en declaraciones a Els matins de TV3, defiende que «venimos de un acuerdo histórico por unanimidad». En este sentido, el consejero afirma que «tenemos el número más alto de maestros y profesores en Cataluña en la historia y el número más bajo de alumnos por maestro», y que «estamos generando cambios imprescindibles en el sistema educativo catalán para empezar una nueva etapa».

Gonzàlez-Cambray ha afirmado que «no tenemos decidido cuando empezará el curso 2023/24», y que «estamos evaluando externamente como fue el adelanto del curso en septiembre pasado y decidiremos». Para el consejero de Educación, «avanzar el curso es una buena medida para el alumnado y, sobre todo, es una muy buena medida para el alumnado que está en situación de vulnerabilidad».

Por otro lado, el consejero Gonzàlez-Cambray ha reconocido que «la escolarización en Infantil 0 y en Infantil 1 no será gratuita a partir del curso 2023/24», porque no está contemplada en los presupuestos de este año. Pero, el titular de Educación ha afirmado que «el compromiso del gobierno es avanzar para conseguirlo durante la legislatura».

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“La cuestión controvertida consiste realmente en la determinación de la duración del permiso, pues en este caso la Administración lo concede por cuatro semanas, mientras que, tras la reforma operada por la Ley 6/2019, que amplió la duración del mismo, se establece una duración de 16 semanas, sin que se haya modificado la ley autonómica catalana para su adecuación a la duración del permiso de paternidad actual”, ha explicado el fallo judicial.

La maestra Montse Veses Ferrer, que ha ganado el juicio contra el Departament d’Educació, ha reclamado a la Generalitat de Catalunya que actualice el permiso del derecho de las madres monoparentales. “Los derechos que se busca proteger aquí son los de los niños y las niñas a ser cuidados. Es injusto que un hijo con dos progenitores disponga de 32 semanas de cuidados en casa, 16 de un progenitor y 16 del otro, y un hijo de una madre sola no”, ha denunciado, acompañada de la CGT y representada por el Col·lectiu Ronda, en declaraciones a El Periódico de Catalunya.

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«Las negociaciones por ahora no van nada bien. No hemos avanzado nada», ha criticado Teresa Esperabé, de CCOO, en declaraciones a Betevé. El sindicato USTEC-STEs, por su parte, ha señalado la «incapacidad por el diálogo» del consejero Cambray, y ha vuelto a pedir su dimisión. Los sindicatos se quejan de que el Departamento no les ha hecho «ninguna propuesta digna» y que «ignora las reivindicaciones del personal docente».

Los representantes del profesorado reclaman, concretamente, elaborar un pacto de estabilidad para el personal interino y reducir el porcentaje de estos trabajadores, así como aumentar la inversión en educación hasta el 6% del PIB catalán, reducir dos horas lectivas para los docentes mayores de 50 años y equiparar el salario de los profesores de formación profesional.

Avui estem davant del Departament d'Educació per exigir una #NegociacióRealJa

L'acord signat:

Millora les condicions laborals del personal docent

Obria la negociació de la resta de reivindicacions pendentshttps://t.co/NpEriQSwWe pic.twitter.com/N9BFCvZuZv

— CCOOEducació Pública (@CCOOpublica) October 25, 2022

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«Nos encontramos ante una negociación inexistente», ha lamentado la coordinadora de acción sindical de USTEC, Eli Pericas, quien ha explicado que «la administración tiene las propuestas unitarias desde el curso pasado, pero no prevé incluir ninguna en el presupuesto de 2023». Incluso, ha señalado Pericas, «se han negado a negociar» algunos puntos como el pacto de estabilidad, motivos por los que consideran que «no se está dando la negociación acordada».

CCOO, en un comunicado, ha corroborado «que no hay buena fe negociadora por parte del Departamento», y ha criticado que en las reuniones asistan personas «que no tienen ningún poder de negociación», por lo que cuando las reivindicaciones «afectan a cuestiones económicas se excusan con la situación actual del Govern y con la posible falta de presupuesto para el próximo año». En este sentido, el sindicato ha pedido a Educación que se tome «en serio» la negociación y que no mantenga la misma actitud que el curso pasado.

Según ha anunciado CCOO, durante la próxima reunión con el Departamento, el martes 25 de octubre, los sindicatos realizarán una concentración ante la sede de Eduación. Además, USTEC ha propuesto a la coordinadora sindical reanudar las movilizaciones unitarias en las próximas semanas.

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Cambray ha asegurado que «es una buena medida para el alumnado y ha venido para quedarse». En cambio, Cambray he eludido asuntos espinosos como los malos resultados de las evaluaciones de 4º de ESO o el mantenimiento del 25% de castellano, a pesar de la orden de la Generalitat.

Desde el Parlament, Cambray ha reconocido que, para 2023-2024, se quiere mejorar el adelanto del curso y propone hacer un «diseño» conjunto con la comunidad educativa.

Así pues, el objetivo del departamento es realizar una evaluación con maestros y profesores, direcciones, familias y alumnos de como ha ido el adelantamiento y el ocio de tardes de este año. Una evaluación que, este lunes, Educació también ha abierto al Parlament y que prevé tener terminada a principios del 2023.

Por otra parte, el conseller de Educació ha asegurado que el Govern tiene previsto aprobar este martes el nuevo currículo de bachillerato y ha confirmado que tienen previsto hacer lo mismo con el de primaria la próxima semana. Cambray remarcó que, aunque no se pudo hacer antes, esto no impidió que se pudiera preparar el curso.

Por último, Cambray apuesta por hacer un «salto adelante» en la escuela inclusiva y ha dicho que, aunque cada año se destinan más recursos no se puede afirmar que todos los alumnos que lo necesitan tengan atendidas sus necesidades. Ante esto, Educació publicará a finales de octubre el mapa de la escuela inclusiva. También ha anunciado que se pondrá en marcha una mesa de participación para un sistema educativo inclusivo y se ha puesto en marcha una evaluación externa sobre la escuela inclusiva, que está previsto que esté terminada a finales de año.

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El sindicato USTEC-STEs ha manifestado, en declaraciones a Crónica Global, que los docentes y los alumnos se encuentran en «unas condiciones infrahumanas» pese a que hace tiempo que avisan al Departamento de Educación, encabezado por Josep Gonzàlez-Cambray, de que los centros educativos «no están acondicionados para combatir el calor». A las altas temperaturas se suman, además, las elevadas ratios de alumnos, que hacen que en una misma aula se concentren una treintena de alumnos a más de 30 grados.

El profesorado asegura que los alumnos tienen dificultades para poder seguir las clases y señalan que el adelanto del calendario escolar hará que la vuelta a las aulas, entre el 5 y el 7 de septiembre, coincida con un momento de altas temperaturas. En este sentido, tanto USTEC como UGT reclaman, en declaraciones al citado medio, que Educación condicione las escuelas e institutos para no poner en riesgo la salud de las personas.

La entrada Aulas a más de 30º: el profesorado denuncia las condiciones de las escuelas catalanas se publicó primero en El Triangle.

A pesar del desacuerdo, valorado muy distintamente por ambas partes, mañana habrá un nuevo encuentro, el tercero desde que comenzó el conflicto, que se prevé tan intenso y largo como el de este jueves, que ha durado casi cinco horas entre mañana y tarde.

El sindicato mayoritario, USTEC, ha leído un comunicado unitario en el que, sin aceptar preguntas de la prensa, han dejado claro que la propuesta de Educació no ha sido suficiente. «Las posturas están muy alejadas», lamentaron.

Por su parte, el departamento de Educació, con la directora general de profesorado, Dolors Collell, a la cabeza, ha explicado que la conselleria ha intercambiado documentación con los sindicatos «por primera vez». «Hay un buen clima y voluntad de entendimiento. Aquí estamos y aquí seguiremos», ha dicho.

Sin embargo, el departamento que dirige el conseller González-Cambray «no entiende» que se mantenga la convocatoria de huelga, pero han insistido en que es necesario «seguir apostando por el diálogo».

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Los sindicatos educativos reclamaron negociar directamente con el presidente de la Generalitat tras reunirse con el conseller de Educació el primer día de la huelga, el pasado martes. Consideran que Cambray ya no es válido para llevar a cabo ese diálogo. Pero, de momento, Aragonès ha rechazado esa opción.

Los sindicatos exigen la dimisión del conseller y este jueves lo han vuelto a reiterar en la manifestación que ha terminado en la plaza de Sant Jaume. La portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, le ha acusado de ser «autoritario» y de actuar con «prepotencia». La gota que colmó el vaso fue, según las organizaciones sindicales, el adelanto del calendario escolar. Sin embargo, los docentes insisten en que éste no es el motivo que les ha llevado a la huelga: piden revertir los recortes, más inversión en educación y la retirada del nuevo currículo.

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La acampada ha sido el paso previo a las movilizaciones convocadas a partir de este martes. A primera hora de la mañana, las personas concentradas han recogido las tiendas y han finalizado la protesta para desplazarse hasta los Jardinets de Gràcia, donde a las 11:30h está convocada la primera manifestación de la huelga.

Los sindicatos aseguran que no dejarán de protestar hasta que Cambray acepte sentarse a negociar «desde cero», sin imposición alguna, y se acepten las reclamaciones que arrastran desde hace años. Señalan que los últimos cambios impuestos por el Departamento, como el nuevo currículo o el adelanto del curso escolar, son sólo la gota que ha colmado el vaso, y que sus exigencias están relacionadas con la mejora de las condiciones laborales del profesorado y con la reversión de los recortes.

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El 23 de marzo se ha convocado un día de huelga contra la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Con este serán seis días de protestas los que se realizarán hasta que finalice este mes.

Institutos de Girona piden soluciones

73 directores de institutos públicos de las comarcas de Girona han mostrado su “preocupación”: “Estamos en un punto de desconexión que no habíamos vivido nunca”. Exigen “soluciones” y consideran que las medidas que se han tomado son un “menosprecio al trabajo del profesorado”.

Los altos cargos de los institutos han criticado que la noticia del cambio del calendario escolar les llegó “por los medios de comunicación” y que no han tenido “voz ni voto”. “Ante la falta de diálogo” han enviado una carta con las “preocupaciones reales” para que se les escuche y puedan recibir “respuestas preferiblemente por escrito y sin intermediarios”.

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En relación a los nuevos cambios introducidos por Educación, el portavoz del sindicato ha manifestado que «el nuevo currículo desastroso es coherente con un calendario escolar desastroso». Según ha explicado, a su juicio las modificaciones curriculares responden a una «aplicación más avanzada» de la ley de educación (LOMLOE) de la exministra socialista Isabel Celaá y de la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, y, en el caso de la ESO, suponen la pérdida de horas «en la inmensa mayoría de especialidades», al tiempo que «se dan horas en los centros sin ningún tipo de homologación», ha afirmado Massó.

«Es normal que haya mucha gente que está quemada», ha señalado el portavoz del Sindicato de Profesores de Secundaria, quien ha aseverado que los centros educativos «están realmente desasistidos» y ha recordado todos los cambios de protocolos a los que han tenido que hacer frente durante toda la pandemia. «Lo que ha hecho Educación es vergonzoso, y la huelga es un derecho legal» ha concluido Massó. Precisamente, este lunes por la tarde el Consejo Escolar de Cataluña se reunirá en un pleno extraordinario para debatir la propuesta del Departamento de Educación, pero el dictamen que puedan elaborar al respecto no es vinculante. De hecho, a pesar del malestar generado por estos cambios en la comunidad educativa, el gobierno de la Generalitat insiste en que no dará marcha atrás y confía en que la reunión sirva para acercar posiciones.

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En un comunicado, los sindicatos han anunciado que no asistirán a la mesa de negociación sectorial «hasta que este Departamento y su máximo representante se retracten de sus declaraciones, retiren el orden de calendario e inicien realmente un proceso de negociación». En cuanto al nuevo calendario escolar, los profesionales de educación han asegurado que «el adelanto del curso representa graves problemas logísticos y organizativos que afectarán no sólo al profesorado sino al alumnado ya sus familias» y han señalado que la Administración «no puede garantizar a día de hoy, con los procedimientos que tenemos, que a 1 de septiembre haya todo el personal en los centros ni tampoco la preparación del curso con todos los cambios que van a provocar los nuevos currículos».

Las organizaciones de trabajadores han reprochado a Cambray que el Departamento haya decidido «saltarse la negociación de forma unilateral», y la Dirección General de Profesorado y Personal de Centros Públicos, encabezada por Dolors Collell, ha decidido ofrecer una reunión a uno de los portavoces de cada sindicato. Sin embargo, los sindicatos han emplazado a los profesionales de los centros educativos a «concretar propuestas de movilización contundentes».

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En un breve escrito, el Govern ha informado de la recepción del veredicto y ha afirmado que el Departamento de Educación será el órgano que se responsabilizará de su cumplimiento, evitando así que la carga caiga sobre los centros escolares o los docentes. Sin embargo, la consejería que encabeza Josep Gonzàlez-Cambray no ha explicitado si acatará o no la sentencia.

Según los plazos dictados por el TSJC, el ejecutivo catalán tiene hasta finales de marzo para aplicarla. En caso de que no lo hiciera, la ley establece que la sentencia podrá ejecutarse forzosamente si alguna de las partes o un afectado lo solicitan y se acredita ante el tribunal que están siendo perjudicados por la no aplicación.

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«Queremos reafirmar el compromiso con la defensa del modelo de escuela catalana, con la inmersión lingüística, porque garantiza el aprendizaje del catalán y del castellano. Es un sistema de éxito que no discrimina, que es de referencia, y que refuerza como sociedad. Por eso, ante la ofensiva, política y mediática, tomamos decisiones para blindar la inmersión y asegurar su funcionamiento», ha explicado Aragonès. Así, se ha ordenado a los inspectores de Educación que «intensifiquen» los controles, para garantizar el cumplimiento del uso del catalán en las escuelas: «Si matemáticas es en catalán, debemos garantizar que sea en catalán», ha comentado Aragonès, que ha encargado este «exhaustivo» diagnóstico a la Universidad de Barcelona.

Por otra parte, Educación incrementará el número de docentes en las aulas que pasen por situaciones como la de Canet de Mar para «preservar» el proyecto lingüístico de los centros. Según las explicaciones del titular del departamento, Josep Gonzàlez-Cambray, se pondrán dos profesores en las aulas afectadas por la sentencia del 25%, los cuales tendrán el papel que decida cada centro. En este sentido, el consejero no ha detallado si esto se traducirá en que un docente dará la clase en castellano y el otro en catalán.

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