Se las indemnizará «por obligación moral», ha indicado García Magán, que ha evitado concretar las cantidades económicas que recibirán las víctimas. De hecho, se ha remitido a aquello que decidan los magistrados en los casos que puedan juzgarse, de forma que estas cantidades podrían ser el baremo que utilicen los obispos para las víctimas de pederastia que no puedan recurrir a la justicia.

«Estos delitos que lamentablemente han cometido personas de la Iglesia han sido un atentado contra las víctimas, pero también al pueblo de Dios, contra la Iglesia», ha lamentado el secretario general de la CEE.

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Son datos del último informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia, en que se han analizado 389 sentencias con 478 víctimas de 2021 y 2022 de casos de este tipo de violencia en cinco comunidades, 126 de las cuales en Cataluña. El 82,5% de las sentencias analizadas en Cataluña acabaron con condena, mientras que en el 30% de los casos fueron las madres quienes denunciaron, y el 20% fueron las víctimas. De todas las sentencias analizadas en España, 56 acabaron en absolución, 38 de ellas por falta de pruebas.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. “Estos datos solo son la punta del iceberg, puesto que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual infantil llegan a denunciarse. Todavía hay la creencia colectiva de que estos casos apenas existen, y que si un niño o niña fuera abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así”, señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.

Además, ha aumentado exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. Durante el periodo analizado anterior, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los 2 años. Aun así, ahora solo el 26,2% lo ha hecho en 2 o 3 años. El 24% tardó entre 3 y 4 años y el 20% entre 4 y 5 años.

Revictimización

Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en policía, Fiscalía y juzgado. Solo en el 21,4% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esta declaración en ocasiones reiteradas, a pesar de que en el 74% de los casos no consta información.

El 20% de las declaraciones tienen lugar ante el juez, pero en el 50% de las sentencias no consta esta información. En el 43% de los casos se utilizaron, además de la declaración de la víctima, otras pruebas como periciales, testificales y documentales. En el 21,4% de los juicios, la declaración de la víctima era la única prueba, y en el 70% de los casos se consideró suficiente.

Este es el caso de Carmen Corrales, gaditana de 26 años, que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales desde los 10 hasta los 14 años por parte de su abuelo materno. Carmen tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad. “Durante el proceso yo me sentí súper acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero por la justicia y el resto, no. A mí nadie me acompañó, nadie me indicó donde tenía que ir, lo que tenía que hacer… nada. Declaré, pero me sentí bajo presión”, explica.

Save the Children recuerda que, tal como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia ante la Violencia (LOPIVI), aprobada ahora hace dos años, es necesario que el gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales. Esto se tiene que concretar en las medidas siguientes: Implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia; creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima; formación inicial y constando de todos los operadores jurídicos; la asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando la gratuidad en los casos que marca la ley.

Además, uno de los aspectos básicos de esta especialización de la justicia es hacer exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de las víctimas. “La prueba de abuso sexual infantil más grande es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esta declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que explicar lo que ha pasado más de una vez, y vemos como hoy todavía es una práctica habitual”, afirma Perazzo.

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En la comparecencia, Puiggrós ha reconocido que hay que «dar un paso más» para «clarificar» la información, la gestión y las responsabilidades que se deriven, y ha anunciado que los jesuitas han recurrido a los servicios del bufete de abogados Roca Junyent y de la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE) para atender denuncias de las víctimas y mediar entre ellas y los jesuitas. «Somos conscientes de que para muchas víctimas es difícil dirigirse a la institución donde sufrieron los abusos», ha indicado el delegado de los jesuitas en Cataluña, que ve «esencial» que las víctimas puedan ser acompañadas por una asociación externa.

Puiggròs también ha explicado que descartan presentarse como acusación particular en casos judicializados. Según ha dicho, técnicamente podrían hacerlo justificando de qué manera la institución ha sido perjudicada por los casos de abusos, pero después de asesorarse se les desaconseja porque sería «un acto de cara a la galería».

Ante las preguntas de los periodistas, Puiggròs ha asegurado que los sacerdotes Francesc Roma y Francesc Peris, acusados de abusos sexuales, están actualmente apartados, y ha afirmado que hay dos procesos internos abiertos por pederastia sobre estos jesuitas. Sin embargo, ha evitado dar más detalles sobre estos dos casos concretos y no ha aclarado si los sacerdotes denunciados admiten o rechazan las acusaciones. También ha reconocido que hasta hace tres semanas, Roma estaba oficiando misa en la iglesia del Sagrat Cor, pero ha matizado que era una atención pastoral mínima.

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Por todo ello, la síndica se ha dirigido al Consorcio de Educación de Barcelona y a la congregación titular del centro para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo para aclarar los hechos, escuchar a los afectados y conocer si hay más casos. En este sentido, reclama saber los resultados de estas actuaciones y pregunta si está previsto diseñar acciones y políticas «para reparar el mal hecho a las víctimas y evitar que estas situaciones se repitan».

La síndica también se ha puesto en contacto con la Asociación Antiguos Alumnos de Casp y con el grupo de exalumnos que se ha movilizado las últimas semanas para denunciar los hechos, y ha mostrado su preocupación porque, a pesar de la conciencia colectiva actual, no todas estas situaciones han salido a la luz ni se han abordado de manera adecuada desde las instituciones.

Reactivar la comisión de reparación y prevención de abusos sexuales

El año 2019, la Sindicatura de Greuges ya puso en marcha una comisión de reparación y prevención de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia en el ámbito educativo, a raíz del goteo de casos que afectaron a varias órdenes religiosas. Con la apertura de esta actuación de oficio, la institución del Síndico de Greuges valora la posibilidad de reactivarla, trabajando en colaboración con el Defensor del Pueblo.

En marzo de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de una comisión asesora encargada de estudiar y elaborar un informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia y encargó el liderazgo al Defensor del Pueblo.

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Inicialmente, la Fiscalía pedía inicialmente un año y medio de prisión y dos de libertad vigilada por abuso sexual. Según el escrito del ministerio público, el mosso, con un «ánimo libidinoso», aproximó «sus genitales a la víctima sin su consentimiento» mientras ambos estaban trabajando.

Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2020, poco antes de las 9 de la mañana, y una parte de la secuencia quedó grabada por las cámaras de la comisaría.

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La madre ha explicado en el diario que le acorralaron contra una ventana, lo desnudaron y le hicieron tocamientos. Los Mossos identificaron los dos presuntos agresores y derivaron el caso a la fiscalía de menores. Según la madre, su hijo se quedó en casa quince días para recuperarse, pero el acoso se repitió cuando volvió.

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El exentrenador, un hombre de 42 años, fue detenido el miércoles y está pendiente de pasar a disposición judicial a los juzgados de Tortosa (Tarragona) en las próximas horas. La chica sufre una discapacidad intelectual y no denunció los hechos por miedo hasta que el arrestado fue despedido del CE Perelló.

Según ha denunciado la chica, de unos veinte años, el hombre la asediaba para quedar y la presionaba para verse en la casa de él. Finalmente, ella accedió y allí, el arrestado insistió para que consumiera drogas, la retuvo y la agredió sexualmente. La supuesta agresión se habría producido el mes de noviembre. El detenido está acusado como presunto autor de los delitos de agresión sexual, acoso, contra la salud pública y detención ilegal.

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Después de pasar a disposición del juzgado de menores, dos de los cuatro chicos investigados, que tienen de 16 años, han ingresado este miércoles en un centro de menores por orden judicial. Cuentan con varios antecedentes por robos y hurtos.

Un tercero detenido, también de 16 años, ha quedado en libertad vigilada, con una orden de alejamiento de la víctima. El cuarto es inimputable porque tiene menos de 14 años. Los hechos habrían pasado en el mes de octubre del año de pasado en la casa de uno de los menores.

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La sentencia ha asegurado que no hay pruebas de que corroboren el relato de la menor “con la seguridad y la certeza de que requiere cualquier pronunciamiento penal condenatorio”. Como alternativa, la fiscalía había pedido que le retiraran la patria potestad de sus hijos, aplicando la ley del ‘solo sí es sí’.

La sección cuarta de la Audiencia de Girona fue informada de los hechos cuando la menor tenía 12 años. En el juicio, la víctima declaró a puerta cerrada y el acusado negó las acusaciones.

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García ha manifestado este jueves, en la comisión de justicia del Senado, que solo 29 de las 70 diócesis han respondido a la demanda de información sobre casos de abusos sexuales, y ha señalado que a causa de la falta de información, se remitirá un oficio a las congregaciones religiosas «para recabar datos» sobre los casos de abusos de los cuales la Fiscalía «no ha sido informada».

En un comunicado, la CEE ha respondido que las diócesis ya han hecho llegar los datos solicitados al ministerio público, y ha reiterado que todas mantienen una «decidida relación de colaboración» con la justicia y con la Fiscalía. La entidad eclesiástica ha expresado que los «produce extrañeza esta solicitud del fiscal general», pero ha insistido que tienen «disposición absoluta a colaborar para aclarar todos los casos».

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El detenido, vecino de la zona, tiene antecedentes policiales por hechos similares y, según el citado diario, se habría ganado la confianza de las niñas para poder hacerles tocamientos dentro de la piscina municipal de la localidad. El hombre ha pasado este jueves a disposición policial y el consistorio ya ha anunciado que se presentará como acusación particular en el caso.

El Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet ha explicado que ha puesto a disposición de las familias apoyo psicológico y atención especializada, y ha reiterado su rechazo a cualquier comportamiento de acoso o abuso sexual.

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La cuarta denuncia llegó el pasado viernes a través del buzón anónimo sobre acoso que el Departamento puso en funcionamiento a raíz de los primeros casos, y ya se ha presentado formalmente. Interior, además, ha ofrecido asistencia jurídica y psicológica a la víctima.

El quinto caso se ha puesto en conocimiento del Departamento este martes a través del Sindicato Autónomo de Policía, pero la agente todavía no ha presentado formalmente la denuncia al estar hospitalizada. Una vez formalizada la demanda, Interior activará el protocolo de acoso.

El médico fue detenido el pasado 23 de mayo por los Mossos d’Esquadra y quedó en libertad con cargos después de pasar a disposición judicial. El acusado se enfrenta a una pena de entre 4 y 10 años de cárcel por presuntamente haber cometido un delito de abuso sexual con agravante y, a pesar de que la primera denuncia se interpuso en el 2020, el médico pudo seguir visitando a pacientes hasta noviembre de 2021.

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El médico, de 60 años, ha sido apartado del Servicio de Vigilancia de Salud Laboral de Interior, donde trabajaba, quedando en libertad con cargos este domingo tras ser detenido el viernes. El doctor ejercía como funcionario desde el 2017 y, aunque una de las víctimas lo denunció en marzo del 2020, pudo continuar visitando pacientes hasta noviembre de 2021.

Según ha explicado la periodista Anna Punsí, cuando Interior conoció el presunto caso de abuso sexual le asignó una enfermera para que lo «vigilara». Además de agentes de los Mossos, el médico también realizaba visitas a Bomberos de la Generalitat, a Agentes Rurales, a Protección Civil y a personal del 112. Las otras dos denuncias se han presentado este 2022.

Una de las denunciantes ha explicado en el programa de TV3 que se ha sentido muy sola durante todo el proceso y que tuvo muy poco apoyo. «Todo el mundo me decía: ‘¿Cómo podrás demostrarlo? Será tu palabra contra la suya, es un médico de la casa’, y eso me echaba para atrás», ha relatado. En cuanto a la respuesta del Departamento, la agente ha afirmado que se quedó «muy descontenta» porque lo único que le dijeron es que «a partir de entonces pasaría visita con una enfermera, que debía entender que era un compañero de trabajo».

El secretario general del Departamento de Interior, Oriol Amorós, ha lamentado el poco acompañamiento que recibieron las denunciantes y ha asegurado que Interior baraja cambios en los protocolos de abusos sexuales para mejorar la atención a las víctimas. Amorós también ha explicado que conocieron el primer caso en junio de 2021 y que, un mes después, se activó la defensa jurídica de la primera denunciante ofreciéndole también apoyo psicológico. La segunda víctima rechazó la asistencia del Departamento, pero Amorós ha asegurado que Interior quiere personarse en todas las causas judiciales abiertas.

#UshoavançaPB Tres dones, agents dels @mossos d’Esquadra, denuncien un dels metges del Departament d’@Interiorcat per suposats abusos sexuals #PlantaBaixaTV3

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— Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) May 23, 2022

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En la misa conventual, Vilà ha lamentado que el monasterio se haya convertido en «piedra de escándalo para los creyentes y no creyentes» y ha expresado el malestar de la comunidad: «Cuando un hermano de la comunidad comete una falta, peca toda la comunidad». «Porque tal vez hemos hecho daño a un inocente, porque tal vez hemos hecho daño a una familia, porque tal vez hemos hecho daño a toda la Iglesia y a mucha otra gente», ha añadido.

En nombre de la comunidad, el abad de Poblet ha reiterado el compromiso de luchar «contra todo tipo de abusos en la Iglesia» y ha expresado «el máximo interés» del monasterio para que la justicia esclarezca los hechos. «La verdad al final saldrá a la luz y es esto lo que nos interesa a todos, eso es lo verdaderamente importante. Hasta entonces todo serán sombras, dudas y especulaciones más o menos malintencionadas o bienintencionadas», ha señalado.

Los hechos del caso que afectan al monje se produjeron el 15 de agosto, después de la misa en el interior del monasterio, y la investigación se inició a partir de una fotografía tomada por un turista alemán, en la que se apreciarían indicios de los tocamientos del religioso a la niña de cinco años. En la declaración judicial, el jueves pasado, el monje de Poblet investigado habría declarado culpable «de un solo tocamiento» a la niña, según adelantó la ACN, y quedó en libertad con cargos.

El religioso, sin embargo, tendrá que comparecer periódicamente en el juzgado y tiene una orden de alejamiento de la víctima. El juez le ha retirado el pasaporte y el abad de Poblet le ha prohibido cautelarmente ejercer sus derechos capitulares, hacer cualquier actividad pastoral y abandonar la clausura.

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