Un episodio llamativo, inusual y expuesto por el bufete afectado en el marco de una posible prevaricación que, no obstante, empieza a cobrar carta de naturaleza como un hecho habitual en el contexto del Barçagate, donde han sido demasiado frecuentes, e igualmente denunciadas ante la magistrada Alejandra Gil, las actuaciones de Mossos por encima de la normativa procesal a base de rebuscar entre correos electrónicos, grabaciones, conversaciones de wahtsapp y documentación completamente ajenos a la instrucción posibles delitos de otra naturaleza, además de haber tergiversado y manipulado material en las conclusiones de su investigación. Ha sido una práctica habitual de Mossos a lo largo de casi cuatro años de instrucción en los que, pese al empeño de esta unidad de Mossos en ir más allá de los límites para demostrar la culpabilidad de Josep Maria Bartomeu, no se han producido en realidad grandes avances a favor de la acusación. Ahora parece que, ante la inminencia del cierre de la instrucción, aburrida e injustificadamente demorada a causa de las sucesivas peticiones de prórroga por parte de los querellantes, eso sí, sin haberse decretado nuevas diligencias, todo son prisas, nervios y chapuzas para armar de forma apresurada alguna sólida argumentación que sostenga los presuntos delitos anta la jueza.

También se ha convertido en una práctica habitual que estas fantasmagóricas intervenciones de Mossos, con informes que mayoritariamente están acabando en la papelera, obtengan un amplio eco mediático cuando se incorporan a la instrucción -siempre por los canales oficiales de Barçagte –Cadena SER y agencia EFE– y un abrumador silencio periodístico en el momento que el tribunal los rechaza por inconsistentes, lo mismo que ha sucedido ahora con esta denuncia del despacho Molins Defensa Penal recogida por el digital Crónica Global días atrás.

Ningún medio se ha hecho eco de las graves acusaciones vertidas en su escrito a la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona por haber incluido en un oficio de fecha 15 de febrero pasado conversaciones de mensajería y correos enviados entre los letrados y uno de los investigados en la causa. Se trata, en su opinión, de una «vulneración del derecho-deber de secreto profesional» y acusan a la policía de haber «revelado ilícitamente» un email entre una de las abogadas del caso a otro compañero de profesión, una comunicación que, además de ser «privada y confidencial», también se tergiversa según consta en la denuncia recogida por el medio. No descartan, además, el delito de prevaricación tomando como referencia que el Supremo condenó en su día al juez Baltasar Garzón por prevaricación al autorizar la intervención policial de las comunicaciones entre abogados y sus clientes que estaban en prisión. «Conducta que, de forma análoga -apela Molins-, puede asimilarse a la actuación llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra”.

La suma de este tipo de incidencias, pues existen precedentes de informes de Mossos sugiriendo delitos de revelación de secretos, corrupción entre particulares y de falsedad documental que han sido denunciados por irregulares, además de archivados, revelan hasta qué punto este es un caso politizado desde el principio de los tiempos, primero para desgastar la presidencia de Bartomeu y después, en la recta final de campaña electoral de 2021, para reforzar la figura del candidato Joan Laporta como el único antídoto contra el infernal ‘pasado’, calabozo y esposas incluidas para el expresidente. Desde aquel momento, han sido tan escandalosos los ‘fichajes’ de altos cargos de Mossos, por parte de Laporta, como las recurrentes y oportunas actuaciones en forma de informes fantasiosos o irregulares de Mossos cuando la actualidad azulgrana, en los malos momentos del equipo o de caída de popularidad del presidente, ha requerido la necesidad de poner el foco en la demonización de Bartomeu.

A todo esto, ni siquiera la directiva de Laporta ha aportado a la causa las pruebas inequívocamente comprometedoras y acusatorias prometidas contra Bartomeu. O bien no las ha encontrado -la opción más probable-, o bien no tiene interés porque en su día el caso ya surtió su efecto -más que posible también- o directamente ha decidido que para eso hay al menos tres miembros del cuerpo de Mossos, de la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos, que ya cobran, de la Generalitat, por hacer ese mismo trabajo de investigación.

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García, que se ha acogido repetidamente a su derecho a no declarar ante la cámara alta, ha añadido que no tiene las «herramientas» para dar explicaciones sobre un tema que está actualmente judicializado. «¿Todos ustedes me llamarán cuando me declaren inocente? Esta es la pregunta que yo me hago», ha afirmado molesto.

«No puedo contrastar ningún tipo de información», ha respondido repetidamente Koldo García a las preguntas de los senadores que le inquirían sobre sus vínculos con el PSOE, con gobiernos autonómicos de territorios como las Canarias o las Baleares o con la empresa Solucionas de gestión. «Mi caso no es el caso Koldo, es el caso mascarillas», ha remarcado el exasesor, que ha llegado en el Senado en medio de una notable expectación mediática.

Choque entre PP y PSOE
En su turno de preguntas, el senador socialista Alfonso Gil ha lamentado que la comisión del caso Koldo esté siendo «desbordada» por la voluntad del PP, que preside el Senado. A su parecer, se está queriendo hacer una «causa general» sobre todo aquello que haya pasado en España durante la pandemia y que «beneficie electoralmente» a la oposición.

«No nos oponemos a que haya luz donde pueda haber claroscuros», ha matizado antes de aseverar que algunos actores están queriendo «intoxicar» contra el PSOE en una jornada que también sumará la comparecencia del exministro socialista Salvador Illa esta tarde en el Congreso de los Diputados. El también candidato del PSC a las elecciones del 12-M comparecerá el miércoles en el Senado para explicar su labor como ministro de Sanidad durante la pandemia.

Por parte del PP, el senador Luis Santamaría Ruiz ha aprovechado el interrogatorio para cargar contra el PSOE y ha afirmado que los socialistas estaban «muy nerviosos» ante la declaración de este lunes. Así mismo, ha apuntado que desde la Moncloa hay quién se habrá sentido «aligerado» al ver como la exasesor optaba por no declarar. «Me pregunto por qué será», ha manifestado.

Acusaciones al gobierno central
Santamaría también ha lamentado que se haya puesto tantos problemas para facilitar la localización de Koldo y ha pedido al Senado que estudie si se puede llevar a la Fiscalía las gestiones del gobierno central para «entorpecer» o «impedir» los trabajos de la comisión y la comparecencia de Koldo. «Cree el ladrón que todos son como él», ha respondido Koldo después de las preguntas de Santamaría, que lo ha acusado de «descolgar» teléfonos para pedir a varios gobiernos la contratación de su empresa en un acto de «tráfico de influencias».

«Yo he trabajado toda mi vida y he hecho lo que es correcto», ha remachado antes de decir que los senadores de la comisión lo han «culpabilizado» antes de que la justicia haga su labor de instrucción y análisis. El exasesor del ministro Ábalos ha acabado su comparecencia recordando que tiene familia y amigos que están sufriendo su persecución mediática y defendido la actuación de los ministerios del gobierno central. A su parecer, es «injusto» cuestionar su trabajo en unos momentos tan difíciles como la crisis sanitaria.

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«Este es el único contacto que he tenido con este señor», ha afirmado. Según Illa, todos los contratos del Ministerio durante la pandemia cumplieron rigurosamente la normativa, y se actuó de manera «prudente, responsable, diligente y eficaz» en la compra de material sanitario. El extitular de Sanidad también ha asegurado que los materiales se adquirieron a «precios muy competitivos en los mercados» y «sensiblemente inferiores a los otras administraciones y entidades españolas que estaban comprando en aquellas fechas».

Illa ha dado al Congreso un informe de 32 páginas sobre los contratos del Ministerio de Sanidad durante la pandemia que recuerda que los contratos superaron una doble fiscalización por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. Además, según el documento, el Ministerio desplegó un sistema de control de calidad y seguridad que incluía inspección de documentos, verificaciones de calidad en origen, ensayos en el destino y un sistema de alertas con las CC. AA..

El exministro ha manifestado que «hoy, cuatro años después, sabemos que actuamos de forma correcta, a pesar de que hubo unos cuantos que se aprovecharon de aquella situación», y ha señalado que «el virus hizo emerger lo mejor de la sociedad española y lo peor de unos pocos, difíciles de detectar en aquellos momentos, para todas las administraciones». Illa también ha recordado que hace cuatro años «la prioridad era doblegar la curva y salvar el máximo de vidas posibles» en el marco de una «crisis sin guion» que cogió a todo el mundo «desprevenido». En este sentido, ha destacado que todos los países fueron a buscar este material fundamentalmente a China y paralelamente recibían «múltiples ofertas de particulares, empresas e intermediarios».

«Muchas de estas protestas eran hechas por oportunistas, con precios desproporcionados y algunas se consideraron intentos de estafa», ha recordado, y para canalizarlas «se establecieron buzones de correo» y se las sometió a un análisis «riguroso» de «solvencia, aspectos técnicos y precios». Gracias a este esfuerzo, según Illa, se pudieron cerrar las primeras compras seis días después de la declaración del estado de alarma, y en 20 días se cerraron 28 contratos de compra para el suministro de seis meses por un importe de 750 millones de euros.

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Según la presidenta del tribunal, a pesar de que la contratación de urgencia de material sanitario permitió la entrada en el sistema de algunos «agentes oportunistas» en un momento en el que el mercado «estaba muy tensado», tanto el Ministerio de Sanidad como los organismos autónomos de carácter estatal se ciñeron a los precios establecidos y actuaron «de la mano de la ley». «En algunos organismos se pidieron hasta cinco informes», ha recordado Chicano, que también ha defendido el informe de fiscalización de 2023 que elaboró el Tribunal de Cuentas, y ha afirmado que en ningún caso se blanquearon actuaciones irregulares de ninguna administración.

La compareciente ha mantenido un enfrentamiento con el diputado del PP José Vicente Marí, quién la ha acusado de haber modificado a favor del gobierno español un informe sobro contratos de emergencia por valor de 87 millones de euros firmados por el Ministerio de Sanidad durante la etapa de Salvador Illa. En su réplica, Chicano ha recordado que los informes se aprueban en pleno y recogen todas las deficiencias detectadas.

La comisión del Congreso ha iniciado la fase de comparecencias en paralelo a la que tiene lugar en el Senado, controlado por el PP, donde este lunes también ha comparecido Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

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Los tres fiscales, entre ellos el fiscal en jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, estaban citados por el PSOE, pero finalmente, y a petición del fiscal general del Estado, los socialistas han pedido que sean excluidos, y la comisión lo ha aceptado.

PSOE, PP, Vox, PNB y Grupo Mixto han votado a favor de la petición, mientras que ERC y Junts han votado en contra. Bildu no ha participado a la votación.

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«He tenido un problema por aquí», indica el alcalde, señalándose la zona del corazón, que ahora se ve obligado a «desmontar una parte muy importante» de la agenda para esta semana.

«Quizás no me veréis por eso, porque tengo que bajar el ritmo», afirma Albiol, que, aun así, subraya que el mal que ha sufrido no es «nada importante».

A pesar de suspender parte de su agenda, ha asegurado que «sí o sí» mañana será a la feria de Sant Jordi, si bien ha precisado que «por la tarde».

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El gobierno canario atiende actualmente a 5.500 menores en esta situación, 2.500 más de los que se calcula que pueden soportar sus servicios públicos.

Fuentes de Drets Socials creen que a partir de los cálculos que hace el ejecutivo estatal, en Cataluña tocarían en torno a un centenar -cifra que El País sube hasta los 191-, una propuesta que «no responde a las necesidades reales de Cataluña».

El cálculo, asegura Drets , no tiene en cuenta «el esfuerzo real de acogida» ni se acompaña de la «financiación proporcional».

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En rueda de prensa después de la reunión ejecutiva del partido, Parlon ha defendido la «gestión inmaculada» de Illa cuando era ministro de Sanidad y ha reprochado a sus contrincantes que «no tienen nada más a aportar en la campaña que desacreditar su imagen». «Es triste que no tengan propuestas para hacer y siempre saquen la corrupción en campaña electoral», ha criticado la portavoz del PSC.

Ante las afirmaciones de Junqueras, Parlon ha rebatido que su partido «nunca ha puesto líneas rojas» a la hora de llegar a acuerdos de gobernabilidad, y ha reiterado su disposición al entendimiento con todas las formaciones, excepto con la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana. «Desde el inicio Illa ha dicho que la única línea roja es quien fomenta el discurso de odio y el planteamiento en contra de la defensa de los derechos humanos», ha insistido la socialista.

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«Es muy difícil dar credibilidad a alguien que sistemáticamente ha intentado que no se aprueben los presupuestos y ha abandonado el gobierno. Esperamos que rectifique», ha dicho en una entrevista en la SER Catalunya después de que Puigdemont abogara por rehacer la unidad independentista, recoge la ACN.

Junqueras también ha señalado que desde Junts criticaban la negociación con el gobierno de España y ahora «la intentan practicar». Sin decir nombres, ha lamentado que haya «mucha gente» que hace «mucho ruido, gruñe mucho y está todo el día enfadada», difunde la misma información.

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En un almuerzo de Nueva Economía Fórum, Jéssica Albiach ha considerado una «anomalía» que «teniendo uno de los parlamentos más progresistas de Europa acaben siempre gobernando con la derecha». En este contexto, ha dejado claro que su partido «no hará gobierno ni acuerdos ni con Junts ni con el PP». Y ha instado a «hacer posible» un entendimiento entre las cuatro fuerzas progresistas, ahora que «ya no existen» los vetos.

Sin embargo, la candidata de Comuns Sumar ha lamentado que Salvador Illa no sea «claro y transparente» con su política de alianzas y que «dice que está dispuesto a llegar a acuerdos con todo». Le ha replicado que «no es lo mismo un gobierno con Junts o con el PP que un gobierno con ERC y los comunes».

Pero Albiach también ha criticado que el republicano Pere Aragonès diga que quiere volver a pactar con Junts per Catalunya. «¿De verdad? ¿Hace falta que recordamos el otoño de 2022? Se les rompió un gobierno y hace un año y medio», ha recordado.

Inmersión lingüística y cultura
La candidata de los comunes al 12-M ha centrado buena parte de su intervención en la cultura, a la cual se ha comprometido a destinar el 2% del PIB. Y ha anunciado que impulsará una ley de derechos culturales, que entre otras cuestiones acordará el acceso a la cultura y que también busca «fortalecer» el catalán y la inmersión lingüística.

En cuanto a la inmersión, Albiach ha afirmado que esta ley «rechaza la ocurrencia de una red segregada que ahora vemos que propone un sector del independentismo», en referencia a Alhora y Clara Ponsatí. Pero ha añadido que «tampoco contempla ni comparte el modelo trilingüe que ahora están proponiendo ciertas fuerzas como Salvador Illa».

Ante esto, la dirigente de los comunes ha reclamado «dejar la inmersión y la escuela catalana tranquilas» y ha hecho un llamamiento al «conjunto de fuerzas catalanistas» para «blindar el acuerdo» para la inmersión lingüística ante «la ofensiva política y judicial del PP y Vox».

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Estos datos aparecen en el libro “Nou estol. Restablint el poder naval català” que presentó Pol Molas, presidente del SEM, el pasado jueves 18 de abril en la Casa Elizalde, en Barcelona. “Teniendo presente que este libro contempla que todo está por hacer respecto a las futuras Fuerzas de Defensa de Catalunya, es necesario hacer una hipótesis de presupuestos que vaya por fases. Éstas, pues, se corresponderán a un modelo periodizado en tres acuerdos de defensa quinquenales desde el año en que se restaurase la independencia”, escribe Molas que señala que “no se contempla ningún reparto de material entre la República Catalana y el Reino de España”.

Molas justifica su reclamación de que el gobierno de la Generalitat dedique un 1,3% del PIB al nuevo ejército catalán diciendo que “con el fin de emitir un mensaje de seriedad hacia los actores estatales que nos han de reconocer, no se podrá destinar una cantidad inferior al porcentaje que destina el Estado español”. La referencia que toma el presidente del SEM del porcentaje que España dedica a Defensa es el 1,29% correspondiente al 2021.

El estudio presentado por Molas recoge dos nuevos Acuerdos de Defensa adoptados por el gobierno de la Generalitat a partir del sexto año de la independencia hasta el decimoquinto. Estos nuevos acuerdos elevarían el porcentaje del PIB catalán dedicado a este ámbito hasta un 2%, lo que representaría un gasto de 54.142 millones de euros, de los queun 40% (21.656,80 millones de euros) se dedicarían a los sueldos de los militares, un 30% a material e investigación y desarrollo (16.242,60 euros), un 26% a operaciones, mantenimiento, municiones y explosivos, y un 4% a infraestructuras (2.165,68 euros).

El SEM nació en 2014 como continuación de la Sectorial de Defensa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Esta sectorial fue disuelta después del escándalo que causó la publicación de su documento «Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya I: La Força Naval». Molas es fundador y presidente del SEM y fue analista del Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya entre 2008 y 2013. El SEM organiza actos conjuntamente con el Catalonia Global Institute. El 30 de septiembre del año pasado organizaron las “Primeres Jornades de Política Internacional i Defensa de Catalunya”. El Catalonia Global Institute se creó en 2021 e instaló su sede en Suiza «con la aspiración de trabajar con agentes públicos y privados para la internacionalización de Catalunya en clave, visiones y aspiraciones de Estado».

Pol Molas se adhirió al Manifiesto de presentación de esta entidad junto a personajes tan cercanos al candidato de JuntsxCat a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones Carles Puigdemont como el jefe de su Oficina, Josep Lluís Alay, su asesor en el Parlamento europeo Aleix Sarri, o los periodistas Vicent Partal, Albano Dante Fachín, Antonio Baños y Salvador Cardús.

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El PNV retrocede en diputados –en 2020 sacó 31– y quien más crece es EH Bildu, que pasa de 21 a 27. El PSE-EE gana dos y el PP, que no se ha presentado en coalición con Cs como hace cuatro años, uno. Vox conseguiría mantener su único representante y, en cambio, Podemos perdería la representación que tenía, que era de 6 escaños. Sumar sí que conseguiría entrar con un diputado.

Por circunscripciones, el PNV ha sido la primera fuerza en Vizcaya (39,5%), mientras que EH Bildu se ha impuesto en Guipúzcoa (40,4%) y Álava (29,4%), provincia donde la diferencia entre el PSE-EE y el PP ha sido de menos de 500 votos y donde Vox y Sumar han rascado un diputado.

Estos resultados sitúan los abertzales como fuerza hegemónica de la izquierda vasca pero les alejan del gobierno, puesto que tanto el PNV como el PSE-EE han expresado que apuestan para reeditar el ejecutivo de coalición y tienen mayoría absoluta para hacerlo con 39 diputados. Previsiblemente, pues, el candidato nacionalista, Imanol Pradales, cogerá el relevo de Iñigo Urkullu como presidente del gobierno vasco.

De hecho, la mayoría de aspirantes a lehendakari que se presentaban a estas elecciones lo hacían por primera vez: el PNV decidió apostar por Pradales en vez de Urkullu; EH Bildu ha puesto como cabeza de lista a Pello Otxandiano; los socialistas han apostado por Eneko Andueza y el PP ha prescindido de Carlos Iturgaiz y ha situado a Javier de Andrés como cabeza de cartel. Vox ha mantenido a Amaia Martínez.

El parlamento vasco, ubicado en Vitoria, tiene 75 diputados elegidos en tres circunscripciones que no tienen en cuenta el peso de la población: Vizcaya, con más de 1,15 millones de habitantes, escoge 25 escaños, los mismos que Guipúzcoa (726.000) y Álava (334.000). La participación en los comicios de este año ha sido del 62,55%, muy superior al 52,86% del año 2020, cuando las elecciones se celebraron en plena pandemia del covid-19 y con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Cuatro años antes, en 2016, fue del 60,02%.

En cuanto a los votos obtenidos, el PNV ha sido el partido con más apoyo (más de 362.000), por delante EH Bildu (más de 333.000). Los socialistas han quedado terceros con más de 146.000 votos, seguidos del PP con más de 95.000, de Sumar con más de 34.000 y de Vox con cerca de 21.000. Podemos ha cosechado unos 23.000, que a pesar de ser más que los de la ultraderecha han resultado insuficientes para obtener representación por el sistema electoral.

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Pradales, que este domingo celebraba su 49 cumpleaños, ha querido agradecer a la sociedad vasca su apoyo. En primer lugar, ha valorado que la jornada electoral se ha desarrollado con normalidad: «Ha ganado la democracia y esto está por encima del resto».

El candidato del PNV ha afirmado que si una cosa ha quedado clara en estas elecciones es que la «pluralidad» del pueblo vasco se ha trasladado a las urnas. Ha añadido que ahora tienen el «deber» de dar salida a esta realidad. «Nuestro pueblo es plural, esta realidad se tiene que respetar y fomentar», ha manifestado.

Sobre un futuro gobierno, Padrales ha dicho que trabajará de manera modélica, con responsabilidad y defendiendo los intereses «de toda la ciudadanía vasca». «Con humildad y trabajo lo daré todo por Euskadi, todos y cada uno de los días», ha finalizado su discurso.

Gobierno plural
Por su parte, Ortuzar ha declarado que la victoria del PNV se ha dado en un clima incluso «adverso», con especulaciones y encuestas «dirigidas». Por eso, ha valorado que el resultado es «todavía más destacable» y ha agradecido el trabajo y el apoyo de todos los militantes. «El PNV ha estado a la altura de las circunstancias», ha declarado. Además, ha asegurado que sabrán interpretar las voces críticas y exigentes que les han hecho llegar durante la campaña.

Finalmente, ha explicado que el PNV analizará con detalle los resultados a partir de este lunes, pero ha añadido que desde ahora mismo asumen la responsabilidad de liderar el proceso de construir las instituciones vascas. Para hacerlo, ha afirmado que se pondrán en contacto con el resto de fuerzas políticas, insistiendo que la sociedad ha optado por un gobierno plural.

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En clave de partido, Otxandiano ha valorado que han obtenido los mejores resultados de su historia y en clave nacional ha dicho que los resultados indican que se tiene que hacer un «salto» en soberanía y políticas innovadoras. El líder de la formación, Arnaldo Otegi, ha celebrado que a partir de este domingo empieza una «nueva etapa» en el País Vasco.

En su primera intervención después de conocer los resultados, Otxandiano ha insistido en el «salto político espectacular» que ha dado la izquierda abertzale y ha recordado que hace cuatro años la distancia con el PNV era de 10 escaños. «Hoy de cero», ha aseverado. Ha añadido que el camino iniciado es el correcto y ha destacado también que en el parlamento vasco habrá mayoría de izquierdas.

Otegi, por su parte, ha agradecido los votos a la izquierda soberanista, pero también a la izquierda confederal que ha confiado en ellos y ha coincidido en apuntar el cambio de etapa. Ha expresado su alegría por estos resultados y ha destacado que EH Bildu «es la primera fuerza abertzale con todavía más distancia que ayer».

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García está citado a las 11 horas, después de que la cámara alta consiguiera localizarlo el pasado jueves. Está obligado a presentarse, pero no a responder las preguntas de los varios grupos parlamentarios, puesto que está investigado por la Audiencia Nacional.

Así pues, se prevé que el exasesor se acoja a su derecho no declarar para no comprometer el proceso judicial que la afecta. La comparecencia de García se solapará con la de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, citada en el Congreso. Por otro lado, Illa comparecerá a la comisión de la cámara baja.

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El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el consejero de Empresa, Roger Torrent, también han estado presentes en el acto protocolario. Según explicó el consejero este jueves, el aterrizaje de Chery se hará en tres fases que se irán «explicando y consolidando» en los próximos meses. Ahora, la antigua fábrica de Nissan, será conocida como Ebro City.

Después de meses de negociaciones con la firma china, el acuerdo entre Ebro EV-Motores y Chery se conoció el pasado martes y supone que Barcelona tendrá la primera fábrica de coches chinos en Europa. Ambas partes esperan empezar el ensamblaje del primer vehículo de la marca Chery, el Omoda 5 eléctrico, después de este el verano.

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Estos sindicatos han pedido una reunión con miembros de la joint venture a fin de tener más detalles sobre cuestiones que consideran «importantes», como los vehículos que se producirán, cuando se empezarán a fabricar o las cifras concretas de empleo, entre otros, porque aseguran que lo que saben les ha llegado a través de los medios de comunicación.

Aún así, CCOO ha asegurado que el aterrizaje de la firma china da «consistencia económica» al proyecto y que el objetivo que se marcaron en un principio «está mucho más cerca y esta vez de forma sólida». UGT, por su parte, ha manifestado que se trata de un «avance significativo» en el proceso y la demostración de «la llegada a buen puerto de las negociaciones», lo que ha atribuido a la «persistencia» de los trabajadores.

Este viernes, Chery y Ebro-EV Motors han formalizado su alianza para reactivar la antigua fábrica de Nissan en un acto protocolario que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

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El desembarco de líderes nacionales en la última jornada de campaña electoral también ha contado con el líder de Vox, Santiago Abascal, la de Podemos, Ione Belarra, y el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que han apurado los últimos minutos de la campaña.

Sánchez ha cerrado este viernes la campaña vasca en Bilbao junto al candidato del PSE, Eneko Andueza apelando de nuevo al proyecto de «convivencia, progreso y estabilidad» que según ha afirmado representan los socialistas.

Feijóo ha clausurado la campaña electoral de los populares vascos en Vitoria pidiendo el voto a «todos los que están cansados que Bildu dé lecciones de democracia y de ética». Y ha añadido que «hacer un procés a la vasca es impropio de una tierra con carácter, principios y personalidad».

Aragonès espera que EH Bildu gane las elecciones autonómicas de domingo en el País Vasco porque así habrá «un gobierno más amigo» en el País Vasco. El presidente de la Generalitat en funciones lo ha dicho en el acto final de campaña de los independentistas vascos, donde ha hecho de telonero del candidato del partido, Pello Otxandiano.

El final de la campaña de las elecciones vascas está marcado por el resultado de las últimas encuestas, que dan la victoria a EH Bildu, con el PNB muy cerca, y el papel clave del PSOE para decidir quién gobernará en el País Vasco durante los próximos cuatro años.

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Este viernes, pero, el Departament de Salut ha descartado aplicar esta medida. Lo ha dicho el conseller Manel Balcells en una entrevista en RAC1, y ha tildado la propuesta de «drástica».

Balcells considera que Cataluña y el Reino Unido no están al mismo punto y que la estrategia de desarrollo del plan antitabaco catalán será más pausada, constante y progresiva: «Empezaremos con medidas que reduzcan el número de fumadores en Cataluña y, más tarde, ya instauraremos nuevas normas».

Ahora bien, todavía no saben cuando se pondrá en marcha porque en el momento en que empezaron a plantearlo no había previstas las elecciones de mayo.

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Urtasun ha hecho esta valoración en Barcelona, desde donde ha insistido, eso sí, en que este «no es el final del proceso», ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas todavía puede revertirlo.

Urtasun, que es diplomático de carrera, ha hacho un llamamiento al resto de Estados para reconocer a Palestina como Estado, y ha defendido que España debe hacerlo «de forma inmediata» para que la ONU adopte pronto la misma decisión. «Es el paso más importante que podemos dar para frenar lo que está sucediendo en Gaza», ha asegurado.

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El jefe de la campaña republicana también propone que, si Junts se niega al cara a cara entre Aragonès y Puigdemont, el debate se puede hacer entre las números 2 de las listas: Laura Vilagrà (ERC) y Anna Navarro (Junts). «En caso de que os neguéis a llevar a cabo ninguno de estos debates, entenderemos que en el fondo no tenéis ninguna propuesta para Cataluña», concluye la carta.

ERC subraya que, de hecho, se podrían celebrar dos debates cara a cara: uno entre Aragonès y Puigdemont, y otro con Vilagrà y Navarro: «Son dos propuestas perfectamente complementarias». Así mismo, Duran –exsecretario de medios de Comunicación del gobierno catalán- comenta en la carta que las elecciones van de «como hacer un país mejor» y no de negociar investiduras españolas.

En el debate de la patronal catalana Pimec celebrado este lunes, Junts envió a su número 3, Josep Rull, mientras que el resto de formaciones invitadas llevaron a los cabezas de lista. La organización empresarial explicó que Junts declinó la propuesta para que pudiera participar telemáticamente Puigdemont, así como de llevar Navarro, su número dos.

Vilagrà, número dos de la lista de ERC y vicepresidenta del gobierno catalán, ya dijo el 9 de abril que, si Puigdemont no quiere debatir con Aragonès, es porque «probablemente no tiene las propuestas para ponerlas sobre la mesa». Replicaba así las palabras del mismo Puigdemont, que había criticado antes esta propuesta de Aragonès del «cara a cara».

El cabeza de lista de Junts dijo que los independentistas no tendrían que hacer ningún «cara a cara», sino trabajar «codo a codo». Días después, el presidente de la Generalitat y cabeza de lista de ERC también replicó a Puigdemont que los llamamientos a la unidad se tenían que demostrar con «hechos». Aragonès a continuación recordó que fue Junts quién decidió irse del ejecutivo independentista a media legislatura.

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A través de una nota de prensa de este viernes, los socialistas catalanes han explicado que también proponen actualizar el carné de familia monoparental solo cuando el primer hijo o hija tenga 21 años, y no cada tres o cuatro años. «Eliminaremos burocracia», subraya el comunicado.

Illa ha apuntado -en la nota de prensa- que hace falta un responsable que conozca la situación de la infancia y coordine la evolución de la pobreza y los efectos correctores de las políticas que se aplican. En este sentido, el candidato socialista propone una figura similar a la del Alto Comisionado que tiene el gobierno central.

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