La próxima investidura de Alberto Núñez Feijóo así lo ratifica: insiste en predicar en el desierto de la confusión de que debe presidir el Gobierno de España por la virtud de su mayoría parcial de votos, como si el sistema político español fuera presidencialista. No acepta o no acierta a comprender que es un sistema parlamentario, cuya característica fundamental es garantizar la estabilidad política mediante el diálogo y los acuerdos de una mayoría gobernante, evitando los desvaríos de una mayoría parcial.

Quizás esta ceguera mental es la que no le permite ver que su liderazgo se va al garete y que con él arrastra al PP: no se puede guiar con los oídos tapados, ni actuar de espaldas a la realidad evidente. Como la mosca atrapada por un arácnido, ha ido directo a la red tendida por ERC y Junts, que no acudieron a sus respectivas audiencias con el Rey, forzando al soberano a nominarlo y a Alberto Núñez Feijóo a aceptar el encargo de formar gobierno, aunque todo el ambiente político sabe que se tratará de una investidura fallida.

ERC y Junts, con la misma estrategia del silencio empleada por Carles Puigdemont para conseguir que el Reino de España solicitara a la Unión Europea que el catalán, el gallego y el vasco, sean reconocidas como lenguas oficiales, observan desde el rincón de la araña.

Sin embargo, lo más sorprendente es que el líder del PP ha dejado a un lado la prudencia y ha sacado a relucir su desesperación ante el evidente fracaso que le espera. Pareciera resultarle insoportable inhalar el aroma del caramelo del poder, sin poder disfrutarlo. No parece posible que pudiera superar esa frustración, mientras que, entre bambalinas, Isabel Díaz Ayuso aguarda a que llegue su momento. Esta desesperación pareciera congelar sus ideas porque, a medida que se acerca la fecha de la investidura, Núñez Feijóo carece de propuestas para presentar al país. En su boca abundan los añejos eslóganes ultraderechistas de los muros de los años preconstitucionales.

Y todo por no comprender que España que desde su origen es varias Españas, goza de buena salud política porque posee un sistema parlamentario y no uno presidencialista.

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La noche del 23J se hizo evidente que JxCat decidiría la votación, al considerar que si a los escaños del PSOE (122) se sumaran los de Sumar (31), ERC (7), EH-Bildu (6), EAJ-PNV (5) y BNG (1), faltarían cuatro escaños para la mayoría absoluta de 176. 

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, reclamó que tenía la primera posición, pero lo cierto es que esos 8,9 millones de votos que, a primera vista, superan los 7,8 millones de votos del PSOE, quedan en minoría si se comparan por bloques: el PSOE, con Sumar, ERC, EH-Bildu, EAJ-PNV y BNG, totaliza 11.999.330 votos contra los 11.292.066 del PP, VOX, Coalición Canaria y UPN. Del total de votos válidamente emitidos: 50,23% contra 47,27%. Si agregamos los 392.634 votos de Junts, la distancia se estira a 51,03% contra 46,50%.

El 23J todos los pronósticos auguraban el avasallamiento de la derecha liderada por el PP y VOX, pero el 70,4% de participación dejó en agua de borrajas todas las predicciones. Ganó la democracia. Ganó la España diversa liderada por Pedro Sánchez y dejó a un lado a esa otra que vive anclada en las cloacas del franquismo. Ganó la España que confía en el diálogo, en la escucha atenta de las diferencias, que redobla esfuerzos para establecer acuerdos y perdió aquella que quizás volvería al uso del garrote vil como método para imponer sus ideas. En resumen, ganó esta España que entiende en qué consiste la política. 

De modo que si a ERC le han entrado las dudas y Carles Puigdemont saca cuentas de cómo aprovechar esta coyuntura, el solo dilema de abstenerse es una estrategia que ni el más catalanista entendería porque significaría extender una alfombra roja a Alberto Núñez Feijóo y los suyos. Se trataría más que de una mezquindad, de un harakiri político, porque con un Puigdemont sin inmunidad parlamentaria y con la extradición abierta, tendría al PP y a VOX sobándose las manos ante el favorable escenario para procesarlo y condenarlo. 

La Cataluña independentista tiene la palabra: ante sí tiene la España del diálogo o la España del garrote vil. Suya es la voluntad de valorar cuánto vale su cabeza.  

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El gobierno de Pedro Sánchez hubo de afrontar la emergencia del covid y lo hizo con diligencia, con rapidez y con eficiencia. No sólo proveyó recursos para que la gente no se muriera de hambre, también apoyó a las empresas para que éstas pudieran mantener los puestos de trabajo con subvenciones dirigidas para el mantenimiento del empleo, no para el usufructo de los empresarios, sino para el sostenimiento de la actividad económica en tiempos de angustia.

Al mismo tiempo, tuvo el valor y la pericia de legislar con asombrosa rapidez día tras día, semana tras semana, cuerpos legales de decenas y hasta de cientos de artículos para regular esa situación inédita e inesperada. Normas que fueron definiendo un camino legislativo conforme a la Constitución, a los códigos y a las ordenanzas, para ordenar y coordinar los intereses comunes de una ciudadanía diversa.

En ese tiempo, la vidente derecha que representa Feijóo se apresuró a predecir la catástrofe de España, lo que, por cierto, no ocurrió, porque la economía española hoy crece por encima del promedio europeo y la cantidad de empresas en activo no se resintió como en otras naciones como consecuencia del largo estancamiento por el covid y por el comienzo de la guerra en Ucrania. Y eso que, a los anteriores escenarios, se agregó el de la falta de trabajadores en sectores tan sensibles como el transporte y la logística en general, factor que junto a los anteriores también condiciona la salud o la enfermedad de los índices económicos. No obstante, la España de Sánchez crece y pareciera eliminar los peores fantasmas postcrisis coronavirus.

Pero hay otro factor relevante en el desarrollo de la economía que determinará el bienestar o el no bienestar de la gente. Se trata del embate decidido del neoliberalismo, el cual penetra en el escenario económico europeo con la fuerza de un tifón al que le da alas políticos como Feijóo.

Este neoliberalismo tiene variados nombres, porque si tiene una característica es que este lobo neoliberal se disfraza, se mimetiza, para no ser descubierto, para que la gente crea que no existe. Entonces se llama Glovo, Uber, Cabify, o cualesquiera de los nombres que emergen en la engañosa «nueva economía» que a sí misma se denomina así, para ocultar que en lo cierto encarna la «precariedad laboral» que con sus fieros cuchillos viene a destruir el «bienestar social» que con sudor, sangre y paciencia ha labrado Europa para sí, para su gente.

Caído el Muro de Berlín, desmembrada la Unión Soviética, en Occidente quedaron dos modelos sociales vigentes y en pugna: el neoliberal de Estados Unidos y su «sálvese quien pueda» y el «bienestar social europeo» que centra su esfuerzo en crear los espacios para que la persona pueda crecer y desarrollarse. Por una parte, una vida de sobrevivencia, réplica de la salvaje vida en la selva; por la otra, una vida digna en la que prevalecen los valores supremos del espíritu.

Esto es lo que se decide este 23-J en España. Si permanecer en el esfuerzo de consolidar una sociedad donde el beneficio social alcanza a todos o si saltar el Atlántico y optar por una sociedad donde unos pocos se benefician, mientras el resto sobrevive. Una España para todos, con Sánchez; o una España para los señoritos de Feijóo.

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En el comunicado de Cabify, la empresa declara que se retira por las “restricciones a los VTC”. Tales restricciones son inexistentes, porque el decreto de la Generalitat de Cataluña lo que hace es hacer prevalecer la normativa vigente para los VTC.

Las autorizaciones (que no son licencias) de los VTC existen desde hace décadas y desde hace décadas que han convivido con el taxi con normalidad, en armonía. Ha sido a partir de la irrupción de Uber y de Cabify y su sistemática vulneración de la legislación que regula los VTC que se ha desatado el conflicto, porque desde entonces comenzó un período de robo del trabajo del taxi al operar los VTC, bajo la tutela de Uber y de Cabify, como taxis.

Ahora, al reordenarse el sistema jurídico, Uber y Cabify anuncian que se van. ¿Por qué se van? ¿Es que no pueden funcionar dentro del marco legal establecido para los VTC o es que hay algo que no estamos entendiendo? ¿Es el transporte de pasajeros el verdadero negocio de Uber y de Cabify o el negocio siempre fue otro? ¿Cuál ha sido el objetivo de quienes han liderado esta ofensiva contra la legalidad que regula el taxi? ¿Estamos en presencia de una gran estafa? Más bien parece esto último.

Lo explico. Unos pocos llamados “empresarios”, que más bien son “especuladores”, adquirieron la titularidad de miles de “autorizaciones” de VTC a 32 euros cada una. Es decir, por cada mil autorizaciones pagaron 32.000 euros. Éstas han de renovarse cada dos años, siempre que se cumplan determinados requisitos, entre éstos, que se haya estado usando efectivamente para el fin que se otorgó, cual es el transporte de pasajeros tras una previa contratación, generalmente, con doce horas de antelación.

Pues bien, basta con buscar a gente en el paro, les planteo que capitalicen el paro, luego con este respaldo que se endeuden con el banco y así les traspaso una autorización VTC a 60.000 euros, con la promesa de que le pondré un coche de renting y una aplicación que le estará dando servicios de transporte a diestra y a siniestra. El ingenuo cae y luego otro y otro y, así, mágicamente, hasta vender las mil autorizaciones para que, en cuestión de un breve tiempo los 32.000 euros se conviertan en 60 millones de euros. Sí, lo he escrito bien, 60 millones de euros a partir de 32.000 euros de inversión, en lo que, a todas luces, huele a una gran estafa.

Todo lo demás, la publicidad en las redes y en la prensa, los discursos sobre economía colaborativa, las acusaciones contra los taxistas tildándolos de ser un monopolio (lo que no es cierto), de ser una mafia (otra mentira, porque las regulaciones las impone la autoridad administrativa), toda esa parafernalia utilizada como una gran pantalla, como un gran velo para ocultar el objetivo real: el de la gran estafa de transformar 32.000 euros en 60 millones de euros, engañando a unos miles de incautos que creyeron que trabajar como taxis sin ser taxis resultaba posible.

Pero este tinglado ha sido preparado con paciencia y sutileza. Antes de llegar a este escenario, no debemos olvidar que, a partir del 1 de enero de 2016, se eliminó el permiso de conducción de la clase BTP (licencia B para transporte de pasajeros). En su momento, se arguyó que se hacía porque en el resto de Europa este permiso no existía y, de este modo, se igualaba la legislación española a la europea. No obstante, lo cierto es que con la eliminación del BTP se hizo posible que cualquier persona en posesión de una licencia B pudiera transportar pasajeros, lo que significó que Uber y Cabify tuvieron la masa crítica para contar con un ejército de conductores para transportar sus pasajeros, sin importar su preparación, ni su experiencia y mucho menos la seguridad para sus usuarios.

Esto se entiende ahora porque, al parecer, el objetivo principal fue el transformar 32.000 euros en 60 millones de euros. Todo indicaría que nunca el objetivo principal fue el transporte de pasajeros ni mejorar la movilidad. No. Esta podría ser una estafa meticulosamente preparada, con muchos cómplices de por medio, que la Justicia deberá investigar.

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Sin embargo, el mundo continúa. Como continúa cuando el hombre común pierde, como continúa cuando el hombre común queda sin trabajo y se gasta, a veces, las valiosas horas de su vida y de sus ahorros (si los tiene) paliando el vendaval de no tener ingresos y de tener que gastar sus reservas para buscar empleo. En esos momentos, no hay alarma si el mundo de las acciones sube como la espuma. En esos momentos, el hombre cesante, si ve las noticias de ese mundo que va como la espuma, se siente un paria, un podrido.

Porque si las acciones suben hasta casi tocar el cielo, el resto del mundo no importa, porque el juego continuo de las acciones es un mundo paralelo que cuando toca el mundo real, puede arrasarlo y, entonces, no hay promesa del infierno porque al mundo de las acciones, de la Bolsa y de los mercados, sólo le importa su propio mundo. La amenaza de un mundo en llamas es una reacción neurótica e histérica de unos cuantos agentes de Bolsa que no quieren verse sumidos en esa miseria que detestan y que les es indiferente cuando no es la suya.

Porque ese mundo en llamas, ese infierno que proclaman venidero cuando hay una crisis financiera, ya existe. Existe para los más de 2.000 millones de hambrientos del mundo real, existe para quienes mueren de inanición cada 10 segundos, existe para quienes están envueltos en las garras sulfurosas de la guerra, y también existe para quienes viven el presente como el último segundo de sus vidas.

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Estas empresas no tienen escrúpulos y, por ello, mienten, engañan y siembran confusión. En un anuncio publicado en algunos diarios de España, el pasado domingo 29 de julio, apuntan al taxi y lo acusan de «chantajear al Estado español» y de ser el autor de una «oleada de violencia que ha llegado a límites inconcebibles». Sin embargo, ¿hay algo más violento que el ladrón que, vestido con piel de oveja, roba tu plato de comida y que, al hacerlo, actúa fría, sádica e impunemente, tal si fuera uno de los protagonistas de La naranja mecánica?

Pero la diferencia está en que la situación que hoy vive el taxi no es una película de Kubrick, que los hechos que se desencadenan ante nuestros ojos no son una proyección de celuloide, sino que los lobos con piel de oveja son reales.

¿Hay algo más violento y sádico que destruir el bienestar de un cuarto de millón de personas (los taxistas y sus familias), borrando de un plumazo su futuro, sometiéndolo a la supervivencia y dejándolo ante el precipicio de la pobreza? ¿Y todo lo anterior, bajo el pálido y argucioso argumento de que el transporte debe cambiar, a sabiendas de que este tipo de transporte no cambia, sino que lo que sí cambia es el beneficio que pasa de las manos de los taxistas a las manos de unos pocos especuladores?

Dicho de otro modo, ¿no es egoísta, codicioso, artero y cruel que se quiera traspasar a cuatro manos la facturación que hoy está en 130.000 manos? ¿No es engañar el que las VTCs, de cara al público, acusen al taxi de monopolio? ¿Cómo va a ser monopolio una actividad con 130.000 manos propietarias? Monopolio es el que quieren imponer los lobos con piel de oveja al querer traspasar la propiedad de estas 130.000 manos a la codicia de cuatro manos (la de los CEOs de Uber y de Cabify) para que sean ellas quienes decidan el precio de los servicios que hoy opera el taxi.

Lo que para el taxi es servicio público, para Uber y Cabify es un negocio que se rige por la rentabilidad. Una rentabilidad que ha de satisfacer la codicia de los accionistas, quienes, impía y constantemente, requieren mayores beneficios, por lo que no es difícil comprender que, bajo el pretexto de mejor operatividad, estos servicios se encarecerán. Se trata de precios fluctuantes que, a mayor demanda, subirán como la espuma, a diferencia de las tarifas que cobra el taxi (previamente conocidas por los clientes) porque están establecidas por la autoridad. En este sentido, para Uber y Cabify es la rentabilidad (y no el servicio) lo que define el carácter de su actividad.

Por todo lo anterior, es que el gobierno español debe aclarar cuáles son sus intenciones y definir si el transporte que hoy opera el taxi se mantendrá como servicio público o si su intención es introducir el neoliberalismo en este sector que, hasta la aparición de Uber y de Cabify, funcionaba con eficiencia. Y, si se decide por las empresas neoliberales, definir la cuantía de las indemnizaciones porque con las circunstancias actuales, el precio de las licencias del taxi caerá estrepitosamente y cada taxista tendrá que asumir esta pérdida de decenas de miles de euros, lo que equivale a decir que, con su pobreza, con su humillación, con su pérdida está financiando la introducción al mercado del transporte de empresas como Uber o de Cabify, que estaría favoreciendo el gobierno español.

Lo reitero: se está desmontando un servicio que funciona con el único objetivo de dar cabida a empresas dirigidas por una sola e implacable mente cuyo único interés es satisfacer su codicia exprimiendo hasta el abuso a esos usuarios que hoy usan un servicio de taxi cuyo precio está establecido y garantizado por la autoridad que es la que, en definitiva, fija sus tarifas.

Por esto, el gobierno español debe dar una respuesta clara. ¿Cómo se explica que, en Turquía, Erdogan afirme que «nadie puede pisotear los derechos de nuestros taxistas» y en España a estas empresas depredadoras y esclavizadoras de la fuerza laboral, se les ponga alfombra? ¿Quiénes han acomodado la legislación española para favorecer la entrada de Uber y de Cabify, argumentando que se busca fortalecer la competencia, han tomado estas decisiones con los bolsillos vacíos o tienen intereses económicos que desconocemos?

Y para quienes creen que ésta es sólo una lucha entre el taxi y las VTCs se equivocan. La prevalencia o desaparición del taxi es una situación que involucra a toda la sociedad. ¿Quién no ha usado el servicio de taxi, alguna vez, en su vida? Cada uno de nosotros tiene un taxi en su vida porque el taxi es connatural a la sociedad que, sin él, no podría vivir y, a la inversa, el taxi no podría vivir sin la sociedad porque el taxi ha nacido de ella para satisfacer una necesidad que la sociedad no puede soslayar. Dejar esta necesidad al arbitrio de la voracidad de Uber y de Cabify es autocondenarse. Las cartas están sobre la mesa. El gobierno español debe responder y la sociedad ha de comprender que su bienestar también está en juego.

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