Un informe remitido por la Guardia Civil al juez instructor de Barcelona Joaquín Aguirre señala la existencia de una "trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controladas por una determinada fuerza política", en referencia al presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona, cuando la gobernaba CiU, al procés.

Según este informe, detallado por El Periódico, mediante subvenciones a entidades soberanistas se pueden haber financiado "acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización" del procés.

En el punto de mira de esta investigación está un hombre de confianza del expresidente Carles Puigdemont, Víctor Terradellas, que impulsó la fundación Catmon y la asociación Igman, receptoras de las subvenciones bajo sospecha.

Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de Convergència, era "perfecto conocedor y partícipe de la estrategia" para implementar una república catalana, según el mismo informe, que indica que esa estrategia, "al menos parcialmente, estaría siendo financiada con fondos públicos que se habrían canalizado hacia entidades favorables a la independencia a través de subvenciones cuyo verdadero fin nada tendría que ver con aquel para el que en teoría fueron concedidas", revela también El Periódico.

Los investigadores indican que el director de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona durante el periodo 2011-2015, Joan Castells, dio un trato favorable a Catmon e Igman, y que Terradellas recibió fondos de estas dos entidades, de Convergència y de la fundación vinculada a este partido CatDem, epicentro de la investigación del caso del 3%.

La Guardia Civil propone al juez que 48 personas, entre ellas ex-altos cargos de la Diputación y responsables de las entidades subvencionadas bajo la lupa, sean citadas a declarar como imputadas.