Las retribuciones cobradas por Artur Mas como expresidente de la Generalitat desde que, en 2019, se ejecutó la inhabilitación que le impuso la sentencia condenatoria por la organización de la consulta del 9N generan dudas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha preguntado a la Fiscalía, en concreto, si los importes correspondientes a la pensión de expresidente se tienen que incluir entre los honores anejos al cargo público afectado por la pena de inhabilitación.

El expresidente Mas fue condenado a 13 meses de inhabilitación, un periodo que se empezó a contar cuando se ejecutó la condena, en enero de 2019, y que concluyó el 23 de febrero de este año.

Barrientos también ha consultado a la Fiscalía sobre las actividades remuneradas de la exvicepresidenta Joana Ortega desde el pasado 9 de octubre, cuando superó su inhabilitación de nueve meses. En concreto, ha preguntado por el tipo de actividad y de nombramiento de Ortega, así como por el concepto del dinero que ha cobrado.

Antes de agotarse el periodo de inhabilitación, Ortega fue nombrada asesora de la consejera de empresa, Àngels Chacón, motivo por el cual el TSJC ordenó a un juzgado de instrucción que investigara si la exvicepresidenta catalana incumplió la pena que le impusieron por la organización del 9N. El TSJC consideró que el nombramiento de Ortega fue discrecional, y destacó que el gobierno al que asesoró es el mismo "aprovechado por el cometer el delito por el que fue condenada".