La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha difundido un comunicado donde señala que "ante la situación de emergencia social con motivo de la pandemia del Covid-19, y con el objetivo de evitar una agravación de la pobreza en Catalunya, exigimos un acortamiento drástico en los plazos de solicitud y resolución administrativa de la prestación". Así mismo, reclama que el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales i Famílias de la Generalitat "aplique ampliamente el criterio de excepcionalidad recogido en el apartado 3 del artículo 7 de la Ley de la RGC ante las circunstancias extraordinarias que representa la presente pandemia y sus consecuencias económicas y sociales".

Este apartado determina que "tienen derecho a la Renta Garantizada, excepcionalmente, las personas que no cumplen los requisitos establecidos pero en las cuales concurren circunstancias extraordinarias por las que se encuentran en una situación de especial necesidad". Los promotores de la RGC consideran que la situación de emergencia creada por la pandemia del Covid-19 justifican esta ampliación de sus beneficiarios.

Precisamente este miércoles 1 de abril finalizó el periodo de transición de las cuantías de la prestación desde que se puso en marcha ahora hace dos años y medio. A partir de ahora, la prestación tiene que ser de 664 euros mensuales si sólo se beneficia de ella una persona, cantidad que equivale al 100% del Indicador de Renta de Suficiencia en Catalunya (IRSC). Para una pareja, la RGC tiene que subir hasta los 996 euros mensuales (150% del IRSC), para tres personas, hasta 1.096 euros (165% del IRSC), para cuatro personas, hasta 1.196 euros (180% del IRSC) y para núcleos familiares de cinco miembros, hasta 1.208 euros (182% del IRSC).

Los promotores de la RGC, así como los grupos de la oposición en el Parlament de Catalunya, reclaman que el IRSC se actualice. Está congelado desde 2010 y, si se hubiera actualizado con el aumento del coste de la vida, la prestación unipersonal tendría que ser de 773 euros mensuales. El Pleno del Parlament aprobó el pasado 6 de febrero que se incrementara el IRSC en un 16,4% y varios grupos de la oposición tenían previsto reclamar que se incluyera este incremento en los próximos presupuestos de la Generalitat.

La suspensión de las sesiones parlamentarias ha dejado en el aire este debate. La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía había convocado una huelga de hambre y una concentración ante el Parlament el día que se debatiera esta cuestión. La crisis social causada por la pandemia hace que esta actualización y ampliación de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía sea aún más urgente.