El último pleno antes de vacaciones vuelve a evidenciar las diferencias entre los socios de gobierno de la Generalitat: JxCat y ERC. Después de la advertencia de los letrados y el veto de los funcionarios a publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña algunas de las resoluciones del pleno en que se reprobó al rey, los posconvergentes insisten en la necesidad de la publicación, mientras que los republicanos quitan hierro al asunto.

JxCat entiende ineludible la publicación. Después de que el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, amenazara a los funcionarios que se negaran a hacerlo, el presidente Quim Torra publicaba en Twitter: "El pleno del Parlamento es soberano. Ningún funcionario no puede decidir si se publica o no una resolución votada por el Pleno. Vaya, hasta aquí podíamos llegar". Ahora, el vicepresidente del Parlamento, Josep Costa, da un paso adelante y se muestra dispuesto a publicar él mismo, bajo sus responsabilidades, las resoluciones al completo, con las partes que los letrados advirtieron como inconstitucionales, y el presidente Torra le anima a hacerlo.

Los republicanos, que ven como JxCat vuelve a señalar al presidente del Parlamento, Roger Torrent, como responsable de la controversia, lo ven diametralmente diferente. El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonés, asegura que "corresponde a los servicios jurídicos de Parlament" decidir si se registran aquellas resoluciones. No obstante, asegura que "el Tribunal Constitucional puede decir misa". "Que no se publiquen no borra nada", afirma, puesto que, más allá de si se acaba publicando la totalidad o una parte de las resoluciones, según él esto "no quita valor al posicionamiento político del Parlamento".

El tema es que viernes los letrados advirtieron a la Mesa que había puntos que podían chocar con el TC. El secretario general del Parlamento decidió no publicar determinadas resoluciones. Está advertido por el TC, como también lo están los miembros de Mesa y el presidente Torrent, con posibles consecuencias penales.