Al conocer que la justicia alemana sólo acepta extraditarlo a España para que sea juzgado por malversación y no por rebelión, el ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha proclamado que han derrotado a «la principal mentira defendida por el Estado». Por su parte, el presidente Quim Torra considera que se ha hundido «un relato ficticio» del Estado, en referencia a la imputación de un delito de rebelión a los dirigentes del proceso.
El comunicado del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein sobre su resolución, sin embargo, no sólo representa un revés a la acusación de la Fiscalía española y al procesamiento dictado por el juez Pablo Llarena, sino que también desinfla de manera muy explícita uno de los relatos más extendidos y mediáticos de los partidarios del proceso, el referente a la persecución política.
En el punto cuarto, expresa: «El Tribunal descarta que la solicitud de extradición se utilice para perseguir políticamente a Carles Puigdemont en España, como creen los perseguidos. Es absurdo atribuirlo al Estado español cuando es miembro de la comunidad de valores y del espacio judicial común de la Unión Europea. El Tribunal confía plenamente en que el poder judicial español también cumplirá los requisitos de la legislación nacional y comunitaria».
