La historia de los derechos humanos se nutre de muerte. Si el hombre no hubiera cometido tantas atrocidades, quizás la Declaración Universal de los Derechos Humanos no existiría porque no haría falta, pero esto es un sueño imposible. Durante la Segunda Guerra Mundial la humanidad elevó tanto el listón de la barbarie que fue urgente ponerle un límite para evitar autodestruirnos. Por eso, el 10 de diciembre del 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París aprobaba la resolución 217 A (III) que recogía en treinta artículos los derechos humanos básicos.
El primero, y el más importante de todos, dice que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados cómo están de razón y conciencia, tienen que comportarse fraternalmente los unos con los otros«. Han pasado 68 años y no solo siguen las guerras, sino que las técnicas de exterminio son cada vez más crueles y sofisticadas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por 48 votos a favor y 8 abstenciones, pretendía proteger los ciudadanos del abuso de sus gobiernos autoritarios y fue el fruto de los intensos y no muy gratificantes esfuerzos diplomáticos de la Comisión de Derechos Humanos que creó el Consejo Económico y Social de la ONU en virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta comisión, formada por dieciocho representantes de Estados miembros de la ONU, estaba presidida por un comité integrado por Eleanor Roosevelt (EE.UU.), René Cassin (Francia), Charles Malik (Líbano), Peng Chun Chang (China), Hernán Santa Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov (URSS), Geoffrey Wilson (Reino Unido), y William Hodgson (Australia).
Para entender las dificultades de esta declaración hay que contextualizar la comisión en un momento histórico muy complicado: la Guerra Fría (1947-1991) y el proceso de descolonización mundial. Por eso, de los 58 miembros que integraban entonces la Asamblea General de la ONU solo 48 apoyaron la propuesta. La Unión Soviética y sus satélites del Europa del Este, Arabia Saudí y la Sudáfrica del apartheid se abstuvieron, porque votar en contra era políticamente incorrecto.
Las excusas dadas por el bloque comunista eran que el texto no condenaba explícitamente el fascismo y el nazismo, mientras que Arabia Saudí discrepaba de la libertad religiosa. En el fondo, hablar de derechos humanos siempre molesta. Honduras y el Yemen no asistieron a la votación. Los Estados que votaron a favor de la declaración fueron Afganistán, Argentina, Australia, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China (Taiwán), Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Holanda, India, Irak, Irán, Islandia, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Siria, Suecia, Tailandia, Turquía, Uruguay y Venezuela.
No deja de sorprender como muchos de los países firmantes han seguido vulnerando sistemáticamente los derechos humanos. Las guerras araboisraelianas, las masacres en los Balcanes, Kosovo, Chechenia, República Democrática del Congo y Afganistán; las dictaduras militares latinoamericanas, el genocidio ruandés y los presos de Guantánamo son solo algunos ejemplos.
El texto de la ONU es una declaración y esto significa que desde el punto de vista legal no es vinculante. Lo que sí que obliga los Estados que los han subscrito son los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. A pesar de no ser de cumplimiento obligado, la declaración del 1948 tampoco es papel mojado, puesto que muchos países han incluido el texto en sus constituciones y también ha servido como base para la elaboración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la ONU en el 1976 y ratificados por 140 países.
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