Cataluña ha recibido este año casi el triple de menores no acompañados que en los primeros ocho meses del año pasado. La DGAIA (Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia) admite problemas para atenderlos y, a menudo, se acaban adecuando de urgencia instalaciones que no están pensadas como centros de menores.

El pasado 19 de septiembre se celebró el Comité de Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, donde se volvió a constatar la grave situación de riesgo en la cual se encuentra la plantilla de la DGAIA, ante la emergencia por el incremento de la llegada de menores sin referente a Cataluña.

El consejero Chakir El Homrani ha reconocido que la llegada de más de 950 inmigrantes menores no acompañados durante los meses de julio y agosto ha desbordado a los servicios de atención a la infancia de la Generalitat. "Tenemos que ser conscientes que estamos en una situación que nos ha superado", ha admitido.

Según CCOO, la carencia de previsión y criterios, frente a la situación de emergencia que se vive, añadida a las carencias existentes en personal, medidas de diagnóstico y educativas adecuadas, de seguridad y de un protocolo sanitario preventivo previo a la entrada de los menores a los centros ha provocado, durante el verano, disturbios en muchos centros, menores viviendo en la ludoteca del edificio de la Avenida Paralelo o durmiendo en las comisarías de los Mossos d'Esquadra, en otros incidentes.

El sindicato denuncia casos de contagio de personal por infecciones de tuberculosis, escabiosis (sarna) y hongos, originados por menores que ingresan sin que se realice un control preventivo de sus enfermedades, hecho que produce una exposición a agentes biológicos durante la actividad laboral que desarrollan y que también pone en riesgo al resto de niños y adolescentes.

CCOO entiende que la situación de emergencia no sólo es un problema de la DGAIA, o del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; "es un problema de país" que requiere una acción coordinada urgente de Gobierno, con la implicación de otros departamentos como Salud, Justicia e Interior y otros agentes implicados para poder abordar la cuestión de una manera eficaz.